Juan Cabandié detalló que la responsabilidad es netamente provincial y que la actividad solo se puede hacer con "acuerdo social y preservación del ambiente".
El ministro de Ambiente de la Nación habló sobre la modificación de la 7722
El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó este martes su "preocupación" por los cambios realizados en la ley 7722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería y que generó protestas y una multitudinaria marcha ayer en la provincia.
"La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", dijo el ministro en un texto en el que expresó su "preocupación" por lo ocurrido en la provincia.
Cabandié aseguró que tomará medidas en "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado", respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
El lunes estuvo protagonizado por distintas manifestaciones en la provincia.
"Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales", agregó el comunicado.
Ver: Marcharon en Malargüe a favor de la minería
Una multitudinaria movilización convergió ayer frente a la Casa de Gobierno de Mendoza contra las reformas a la ley 7722 de minería, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.
Suarez visitó a los policías heridos tras los incidentes.
A pesar de las protestas, el gobierno provincial promulgó las modificaciones aprobadas en la Legislatura el viernes pasado que permiten el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, algo que la ley 7722 previamente prohibía
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