La elección del gobernador, el apoyo a la ley minera, dan legitimidad a su aprobación. Todos tienen el derecho de manifestarse. Pero debe ser cumpliendo la ley y las normas de la democracia.
Respeto a la democracia, en el debate minero
El domingo 29 de setiembre, un millón cien mil mendocinos eligieron como gobernador a Rodolfo Suarez. Aún no se cumplen tres meses desde aquella elección, en la que se impuso con un 51 % de los votos. Durante toda la campaña electoral promovió el desarrollo de la minería. Lo dijo de frente, en cada debate. En segundo término, se ubicó la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, con poco más del 36 % de los votos. El viernes último, la Legislatura de Mendoza aprobó las modificaciones a la ley anti minera 7722, por medio de la nueva ley minera, que fue registrada bajo el número 9209. Fue con una fuerte mayoría formada por el oficialismo y la principal oposición, con algunas excepciones.
Objetivamente, tanto el resultado electoral como el apoyo de los partidos mayoritarios -o de la mayor parte de sus legisladores- a la nueva ley, indican un margen importante de consenso alrededor del desarrollo de la minería. Es cierto que hay departamentos de Mendoza que por diversas razones la rechazan. General Alvear, San Carlos, en parte de Tunuyán, Uspallata... Salvo en esta última región, donde está el proyecto de cobre de San Jorge, no habrá minería en ninguno de los otros lugares. La misma ley sancionada el viernes, que enumera varias normas legales, las excluye. Ya sea por la ley de glaciares, o porque son áreas protegidas.
El debate de la nueva ley minera, en el Senado.
Todo el mundo tiene el derecho de manifestar sus ideas, su alegría, y su descontento. Es parte de la vida en democracia. Claro que para expresar la disconformidad, también hay que respetar las reglas de la convivencia democrática. Ello implica cumplir con la ley. Por lo tanto, bloquear las rutas de ingreso y egreso a Mendoza, amenazar de muerte a legisladores, periodistas, y aún al propio gobernador, privar ilegalmente de su libertad a trescientas personas incluyendo al vicegobernador y a varios legisladores y legisladoras, más trabajadores de la Casa de las Leyes; son actitudes delictivas. Al gobernador le prometieron "bala en la cabeza" y hay cuatro detenidos por ello.
Anoche llegó a Mendoza una marcha multitudinaria de personas que están en contra de las modificaciones a la ley 7722, y le piden al gobernador que la vete, o que no la promulgue. Para ello, planean concentrarse en el nudo vial para partir desde allí a la Casa de Gobierno de Mendoza. Es de esperar que quienes conducen la manifestación, sepan contener a las personas en su protesta y que nadie protagonice desmanes.
Es raro lo que ocurre con el debate sobre la minería en Mendoza. Quienes se dicen "defensores del agua", se asumen a su vez como "el pueblo". No fueron votados para representar al resto de los mendocinos. Ese evento ya ocurrió el 29 de setiembre, y el resultado fue que Suarez fue electo gobernador, y que la mayoría de los legisladores electos terminaron apoyando el desarrollo de la minería. Pero una minoría intenta imponer su voluntad a la mayoría.
En las últimas semanas, el debate se puso virulento en lo social, aunque escaso en lo técnico. Sectores "ambientalistas" intentan convencer al resto de la población, que quienes apoyan a la minería tratan de "envenenarlos con cianuro". Pues bien, no es cierto.
La marcha ayer, camino al Gran Mendoza.
El uso de las desinformaciones y de las redes sociales para difundirlas, contribuyeron a generar temor en mucha gente que se opone a la minería "por el agua". O a causa de los accidentes ambientales que ocurrieron con la mina Veladero en San Juan, por falta de controles adecuados. Probablemente nadie les alcanzó a los antimineros "sociales", de buena fe, la nueva ley, que tiene amplios capítulos dedicados al cuidado del ambiente y el control. Ni les dijeron cómo se distribuye el uso del agua en Mendoza. Según el Departamento General de Irrigación, sólo el 1% del agua se destina a la minería y el petróleo. El 81% se la queda el sector agrícola. De ese porcentaje, la mitad se pierde por el sistema de riego a manto, y pérdidas en canales, más la pérdida dentro de las fincas.
El consumo humano promedio de toda la provincia representa 11%, mientras que la actividad minera y el petróleo se llevan el 1% del agua. El uso recreativo y ambiental (corresponde a piletas, riego de jardines y parques) absorbe el 4%. Pero no hay nadie manifestando contra el riego por inundación en los campos mendocinos, ni contra el uso de agroquímicos habituales, ni contra el uso del agua en piletas y jardines de la población. Sería ridículo. Sin embargo, se ataca a la minería, que es una actividad lícita, y a quienes la promueven, con un alto grado de prejuicio y desinformación. Lógicamente, los sectores ambientalistas exhiben sus argumentos en contra. Para que sea equilibrado, el debate democrático debe estar basado en informaciones certeras y comprobables.
Por estas horas, en las redes sociales proliferan convocatorias muy virulentas a "romper las vallas", a "tirar todo", hasta "obligar" al gobierno a retroceder. Hay "escraches" contra legisladores, medios y periodistas. Difundieron el teléfono de Rodolfo Suarez para que reciba insultos y amenazas. También el de varios legisladores. Incluso, hubo un posteo con los domicilios de algunos de ellos, aunque luego fue retirado. Toda esta militancia tiene una carga de agresividad tal, que no está dispuesta a aceptar los resultados de la democracia. Alguien que prometió desarrollar la minería ganó las elecciones por una mayoría abrumadora. El partido principal de la oposición, alentado por un presidente de la Nación que ganó con el 48 % de los votos, apoyó las modificaciones a la 7722. Y los legisladores votaron en consecuencia. No aceptarlo, implica desconocer las reglas básicas de la democracia.
Las acciones basadas en el fanatismo terminarán siendo dañosas para todos.
Puede que hoy sea un día tenso. El tránsito a Mendoza en la previa del feriado navideño estará bloqueado por las manifestaciones. Será imposible pasar a la Casa de Gobierno. Muchos llegarán tarde o no podrán acceder a sus trabajos hoy. La manifestación antiminera tendrá miles de adherentes. Y tienen todo el derecho del mundo de manifestarse. Pero siempre dentro de las reglas de la civilidad, del reconocimiento mutuo, del respeto a las instituciones, y de la democracia. Esa línea es la que distinguió -siempre- a los habitantes de esta provincia.
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