Trump denunció "la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018".
EEUU sigue considerando a Nicaragua una "amenaza" para su seguridad
El presidente Donald Trump prorrogó por un año la declaración contra Nicaragua como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, debido al "desmantelamiento de las instituciones democráticas" por parte del gobierno de Daniel Ortega y por la represión a las protestas.
"La emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe seguir vigente más allá del 27 de noviembre de 2019 (...). La prorrogo un año", dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca, informó la agencia de noticias Europa Press.
El mandatario recordó que en su momento dio este paso para "lidiar con la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos que constituía la situación en Nicaragua", algo que no cambió.
Trump contra el gobierno de Ortega
Trump denunció "la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018".
También denunció "el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho por parte del régimen de Ortega", así como a su "uso indiscriminado de la violencia y sus tácticas represivas contra civiles", además de "la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía de Nicaragua".
En este tiempo, Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del gobierno nicaragüense, incluidos Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.
Ortega, por su parte, ha acusado repetidamente de "injerencia" al gobierno de Trump.
Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la "democratización" del país centroamericano, en el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones.
Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar al líder sandinista por crímenes de lesa humanidad.
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