Una mirada sobre el caso de abusos sistemáticos contra niñas y niños con sordera en el instituto católico. Qué nos deja esta experiencia de tanto dolor. Habla la legisladora que acompañó al denunciante.
La lección del Próvolo: aplicar la ESI, estar presente, escuchar y actuar
Fue el 18 de noviembre de hace tres años. A las 9 de la mañana los jueces de la Corte, el Procurador Alejandro Gullé, la vicegobernadora Laura Montero se encontraban con la jurista Aída Kemelmajer en la Legislatura. Allí explicaron los principales puntos de la propuesta de Ley Procesal para la Justicia de Familia y Violencia Familiar en Mendoza.
Kemelmajer dejó esta frase que sonó a conclusión pero también, a la luz del caso Próvolo, fue el prólogo de esta historia impensada para cualquier persona que habita esta provincia tan conservadora, y con destellos de rebeldía bien nacida. "La tutela judicial efectiva es un derecho que tiene base constitucional y se funda en los derechos humanos", dijo la abogada civilista en esa reunión institucional.
Después, minutos después, sobrevino la realidad. La dolorosa y cruel realidad que se esconde entre los pliegues de las instituciones ecleciásticas, que son verdaderos murallones que guardan secretos de aberraciones históricas que se cometen en el silencio cómplice y la impunidad instaurada para someter a los más vulnerables.
La jurista Aída Kemelmajer.
En el Salón de Pasos Perdidos, después de esa reunión de jueces llegaron muchos niños y niñas a ese recinto parlamentario.
Fue un acto para recordar la Convención internacional de los Derechos del Niño, bajo la consigna "No al trabajo infantil". Allí, estaba Montero y los autores del proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil: la senadora Daniela García y los senadores Héctor Quevedo y Jorge Palero. También se lo vio a Luis Batistelli, según registra en el portal legislativo.
A la derecha Batistelli, a la izquierda García. Ambos protagonistas del inicio del caso Próvolo. En el centro el ex senador Quevedo.
El profesor de lenguaje de señas Batistelli fue fundamental. Se sintió conmovido en ese momento al ver los niños y el objetivo del acto. Y en un rincón del recinto con un intérprete mediante comenzó a revelar lo que pasaba en el Instituto Próvolo ante la senadora García.
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La legisladora llamó a Gullé quien ya se había ido de la Legislatura y pidió una reunión de urgencia con Montero y la vicegobernadora le preguntó a Batistelli si había más personas dispuestas a declarar. El hombre asintió con la cabeza y fue el gesto necesario para que se dispararan todas las acciones.
Montero insistió con otro llamado al Procurador de la Corte, le pidió garantías para que la denuncia fuera bien receptada.
La vicegobernadora que llegó al final de su mandato con el caso Próvolo resuelto. Funcionó el Estado.
Sensibilizada, la vicegobernadora avanzó decididamente e hizo buen uso de su poder político. "Hay que dar lugar a un intenso proceso de investigación para que se lleguen a definir con precisión los responsables, las responsabilidades institucionales y las fallas del sistema, No queremos un niño más abusado", dijo Montero por celular a Gullé.
El Procurador Gullé aceitó el sistema judicial de investigación.
Así, el 26 de noviembre de 2016, la justicia ordenó la detención del cura Nicola Corradi.
El retrovisor de García
Pasaron tres años de esos días y García, hoy recién asumida como diputada, estuvo en Tribunales escuchando la lectura de la sentencia. Las condenas a Horacio Corbacho y Corradi, los dos curas católicos que deberán cumplir con 45 y 42 años de prisión respectivamente junto al jardinero del Próvolo Armando Gómez, que estará preso por 18 años por los crímenes que cometieron a niñas y niños hipoacúsicos.
Los acusados y condenados en las pancartas denunciantes en las puertas de Tribunales.
La legisladora se dio un tiempo para mirar, revisar y esbozar algunas conclusiones que nos sirvan como ciudadanos, después de semejante experiencia colectiva.
-¿Qué mirada tuviste cuando te encontraste con el caso a través de los testimonios?
-La realidad que considero que toda escucha debe ser activa y esto deriva en que también se debe investigar. Por ejemplo la primera vez no tenía idea qué era el instituto Próvolo, recuerdo haber hecho que me repitieran el nombre varias veces. Cuando escuché el horror y en especial a la testigo primera, me parecía increíble lo que sucedía, niños y niñas sometidos de esa forma es muy doloroso.
-¿Creíste en llegar a este momento de sentencia y en este tiempo?
-Creo que pasó mucho tiempo y a la vez que por fin terminó, hemos visto muchas situaciones en general que no llegan a una resolución judicial o a una sentencia, tres años demuestra que el caso se ha tratado bien desde la justicia.
Daniela García, una legisladora protagonista de la Historia de Mendoza.
-¿Cambió en algo tu mirada después de esta experiencia como legisladora?
-La perspectiva desde el punto de vista de la representación es la misma, la responsabilidad es estar presente, escuchar, generar acciones si hay un delito. Mendoza será un ejemplo de justicia con esta sentencia, que representan que las instituciones funcionan.
-¿Qué debería cambiar para prevenir este tipo de casos de abusos sistemáticos?
-Debería cumplirse en todas las escuelas la ley de ESI (Educación Sexual Integral), claramente es muy importante para la prevención.
Hay una sensación de alivio compartido. Hicieron falta tres años de investigación y de juicio para cerrar el infierno ubicado en Luján donde ahora funciona el centro cívico municipal.
Toda experiencia dolorosa y que es superada por la sociedad aplicando la justicia luego debe ser valorada como un enseñanza colectiva. Por eso seguramente deberá ubicarse un memorial que señale el lugar en la casona de las leyes donde se inició este capítulo de nuestra historia.
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