El próximo ministro de Economía y Energía respondió sobre el destino de la ley 7722 y transparenta su mirada sobre el debate que lleva doce años.
Tres preguntas fundamentales a Vaquié sobre minería
Enrique Vaquié se apresta a convertirse por tercera vez en ministro de una gestión radical, y en esta oportunidad se encuentra con una realidad política encendida por la discusión de la reforma de la ley 7722 que limita el desarrollo de la minería metalífera a gran escala.
Ahora se prepara para impulsar esa modificación desde el Ejecutivo que comandará Rodolfo Suarez quien confirmó al economista como su "as" para avanzar en los proyectos de generación de empleo privado y la creación del banco provincial.
Vaquié cuenta en su historial un antecedente crucial. Fue uno de los autores de la redacción de la ley que hoy empresarios junto al oficialismo y parte de la oposición quieren reformar. Dentro de ese plexo también se encuentra el próximo ministro.
Qué cambió en doce años, para que quien hizo una norma que parece de "hierro" y emblemática para los ambientalistas ahora esté dispuesto a modificarla, de acuerdo a lo definido por el gobernador electo en la campaña electoral.
Vaquié junto a Emilio Guiñazú, el responsable del llamado "Diálogo Minero".
Antes de las respuestas de Vaquié, es oportuno entender en qué lugar estamos de esta discusión pública y fundante.
1- Hay un proyecto del senador kirchnerista Alejandro Abraham que ha sido retocado por el equipo que conduce Vaquié y ya tiene despacho y para ser aprobado en sesiones extraordinarias. Pero para ser tratado debe lograr que estén en sus bancas por lo menos dos tercios de los senadores.
2- Se busca eliminar la ratificación legislativa de los proyectos mineros. Autorizar el uso de soluciones lixiviantes de ácido sulfúrico o cianuro que les permita avanzar en proyectos de extracción de cobre o de oro. A cambio aumentarían los controles técnicos ambientales (más presupuesto para la creación de la policía minera), habría auditorías internacionales y una comisión bicameral legislativa de seguimiento de los proyectos en ejecución.
Tres respuestas necesarias
-¿El despacho de reforma de la ley 7722 que estaría para ser tratado en el recinto, es el que Suarez quiere?
-Se lo hemos pasado a Suarez y no he recibido demasiados nuevos aportes. Podrán cambiar comas y matices pero el fondo de la modificación está planteada en ese texto.
-¿Qué cambió en estos doce años para que ahora haya minería a gran escala en la provincia?
-Hoy la provincia cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial, un inventario de glaciares, un nuevo pacto federal minero que aumenta los estándares sociales y ambientales, una minería modernizada que ha adoptado las mejores prácticas mundiales y también la mala y buena experiencia de la minería en otras provincias que nos enseña qué sirve y qué no. Realizamos un amplio debate a través del proceso de aprobación de la reforma de la ley, y del espacio de Diálogo Minero. Permitió definir qué nos falta hacer para desarrollar una minería sostenible en la provincia. Otro punto importante es que tanto los empresarios como los dirigentes políticos y sindicales están mucho más conscientes de que cualquier actividad debe intentar ser sustentable y armónica con las comunidades. A esto hay sumar la experiencia que tenemos controlando y gestionando hidrocarburos. Entre otros puntos.
Una de las sesiones de los senadores que analizaron durante este año la reforma de la 7722 propuesta por el peronista Abraham.
-Por último una observación. El problema no es tanto el agua dulce que insumen las mineras, aunque no es menor esta época de años secos, el temor instalado es la contaminación de los ríos y las subcuencas. Calaron hondo los derrames de Veladero. Eso me consta...
-Para salir de este tema hay que elevar la conversación desde el punto de vista técnico. Entender, sin apasionamientos, cómo se hace minería, los protocolos de trabajo y sus reales consecuencias en el ambiente. Eso lo revisamos y estudiamos durante el espacio de "dialogo minero". La política propuesta prevé los mecanismos para trabajar con seguridad. En cualquier caso los estudios de impacto ambiental definirán en donde se puede trabajar y los proyectos que pongan en riesgo real las cuencas no se aprobaran. Las zonas más sensibles de la provincia están protegidas por la ley de ordenamiento territorial y por los parques provinciales.
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