El fiscal Di Lello los imputó por presunta "afectación a la soberanía nacional". Los viajes son desde Brasil a las Islas, con una escala en Córdoba.
Macri y cuatro funcionarios son investigados por vuelos a Malvinas
El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y los funcionarios Guillermo Dietrich (Transporte), Jorge Faurie (Cancillería), Gustavo Lopetegui (Energía) y su antecesor Juan José Aranguren por negociaciones por el Gobierno de Reino Unido a las Islas Malvinas.
Según informó Perfil, en el dictamen Di Lello solicitó evaluar la suspensión del primer vuelo de la empresa LATAM a Malvinas desde Brasil con una escala y que "utiliza el espacio aéreo" de Argentina.
"Existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional", detalló el escrito.
Dietrich también fue imputado.
"Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos", destacó el fiscal.
La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, por "irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno en la gestión 2015-2019".
A principio de septiembre, el Gobierno Nacional autorizó en el decreto 602/2019 (firmado por Macri, Marcos Peña, Faurie y Dietrich y fue publicado en el Boletín Oficial) a LATAM a operar el vuelo entre San Pablo y las Islas Malvinas con escala en Córdoba, que había sido acordado entre los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina tiempo atrás.
También autoriza a la empresa de Bandera Brasileña "Tam Linhas Aereas SA" el ejercicio de derechos de tráfico en los tramos de cabotaje Córdoba-Islas Malvinas e Islas Malvinas-Córdoba, lo que significaría que argentina renuncia a derechos soberanos sobre su espacio aéreo.
"La denunciante manifiesta que existe un daño real, ya que si bien se declarara inconstitucional el decreto que otorgó esa posibilidad, la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por vía del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral. Lo afirmado genera una situación fáctica de pronta solución, ya que el Poder Ejecutivo habría dictado este decreto sin efectuar el trámite de aprobación requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación", explicó Di Lello.
Para la denunciante y la fiscalía hay que investigar si un "Comunicado Conjunto" de 2016 es inconstitucional porque, en realidad, era un "acuerdo de entendimiento" que debía aprobar el Congreso.
Las Islas Malvinas.
"Entiendo que existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional", finalizó el fiscal.
En el escrito se detalla a todas las personas que tiene que dar su declaración testimonial: entre ellas están los diputados Martín Pérez, Daniel Filmus y el mendocino Guillermo Carmona, quienes detendrán que "manifestar todo lo que conocieran respecto al acuerdo".
Carmona deberá declarar.
Esta nota habla de:
