Cuando se sigue debatiendo el costo del transporte público el Gobierno de Mendoza recibió un aval de la ley de movilidad pública.
La Justicia volvió a rechazar el reclamo de los dueños de los taxis
Cuando los usuarios se están enterando que se aproxima un ajuste del pasaje del transporte público, la Justicia le dio una señal de alivio al Gobierno al no aceptar una demanda de los dueños de los taxis que se sintieron agraviados por la ley de movilidad pública.
Se trata de un nuevo rechazo judicial a los planteos de Asociación Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) contra de la ley de movilidad provincial.
Los dueños de los taxis han señalado que la Ley 9086 y su decreto reglamentario promueven la llegada de empresas que distorsionan el mercado, o sea UBER o similares.
Aprotam ha hacho campañas a favor del servicio de alquiler y ha combatido la ley de movilidad en los tribunales.
También acusan que estas aplicaciones informáticas provocan o favorecen una competencia desleal, que violan el principio de igualdad, el derecho a trabajar, derechos adquiridos.
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El fallo de la Cámara integrada por las juezas Silvina Miquel y Marina Isuani y el juez Claudio Ferrer, explica que todos estos son argumentos que se encuentran en este proceso judicial y que están basados en conjeturas lo que los debilita.
Además del corte conjetural, dicen los magistrados que las demandas de los taximetreros "se ven contrarrestadas por elementos objetivos que generan suficiente convicción".
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