El Estado deberá hacerse cargo de los costos de las medidas para abaratar productos. No se modificarán los fondos de coparticipación de las provincias.
IVA y Ganancias: la Corte ratificó el fallo en contra del Gobierno
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de aclaraciones presentado por el Gobierno Nacional y será el Estado quien deba asumir los costos de la devolución de IVA y cambios en Ganancias.
Luego de la derrota en las PASO nacionales de agosto, el presidente Mauricio Macri informó que habría reducción de IVA en alimentos de la Canasta Básica y beneficios en el Impuesto a las Ganancias. Quince provincias se presentaron en la Corte con medidas cautelares para que el anuncio no afecte los fondos coparticipables.
La Corte falló a favor de las provincias a principio de octubre y le ordenó al Gobierno restituir los fondos. El Poder Judicial pidió aclaraciones al Tribunal y este jueves dio precisiones sobre la sentencia.
El organismo de Justicia "desestimó el pedido de aclaraciones del Estado Nacional respecto de las medidas cautelares dictadas el 1° de octubre de 2019. Mediante esas medidas, el Tribunal había ordenado que los efectos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán".
Para desestimar el pedido, el Tribunal remarcó "en primer término que la presentación del Estado Nacional no explicaba cuál era la 'complejidad técnica' y las supuestas 'dificultades' para cumplir con las medidas dictadas", expresó el Centro de Información Judicial en su página web.
El máximo tribunal agregó que "el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto" y recordó que, "como se afirma en la propia presentación del Estado Nacional, es el Presidente, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal".
Además, destacó que su decisión "no limitaba el diálogo institucional que el Estado Nacional y las provincias considerasen adecuado establecer como órganos superiores de nuestra organización constitucional".
La resolución contó con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.