El periodismo de investigación se ha transformado en una molestia. Y buscan silenciarlo. El caso de la "Comisión de la Memoria", la "Conadep" del periodismo y el reflejo local de Santa Rosa.
Inquisición al periodismo e ignorancia judicial
El poder nunca quiere ser investigado, menos aún por los periodistas. Pero en regímenes totalitarios, dictaduras, y democracias feudales de baja intensidad, como son los casos de Santa Rosa y de otros departamentos de Mendoza, esa "prevención" se transforma primero en odio, y luego, en acción destructiva por vía judicial, campañas de desprestigio, o ambas a la vez. Entonces, ha comenzado en la Argentina un proceso de inquisición de la prensa, para poner en cuestión investigaciones periodísticas que indagan sobre hechos recientes, muchos de ellos con ex funcionarios procesados, algunos con prisión preventiva, y otros; condenados.
Esta inquisición que comenzó hace varios años se profundizó con un hecho difícil de comprender en un Estado de Derecho. Una Comisión de la Memoria que nació para esclarecer violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, se transformó en un tribunal especial para investigar periodistas en democracia. Ocurrió en una causa del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, espías, policías y periodistas. La Comisión de la Memoria presidida por el profesor de Bellas Artes y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, concluyó que una cantidad importante de periodistas de medios diversos, formó parte de una red de extorsión y espionaje. Lo hizo en base a prejuicios, errores graves, y sin chequeo con los involucrados. Empezó a funcionar lo que algunos referentes del kirchnerismo pedían: la famosa "Conadep" de los periodistas.
Los miembros de la Comisión de la Memoria, no pudieron distinguir en su informe persecutorio de 200 páginas, lo que creyeron era una "información confidencial" de un simple informe comercial de los que se usan para dar un crédito personal o vender en cuotas un electrodoméstico. No conocen el valor de una información en "off the record", ni el derecho constitucional de custodia de las fuentes de información. Es importante señalar que hay en la Justicia una preocupante ignorancia sobre el derecho a la libertad de prensa y sobre el rol del periodismo de investigación. Un juez podría no conocer un tema tan específico como el ejercicio profesional del periodismo. Pero Ramos Padilla, en lugar de asesorarse con expertos en la materia, "prefirió" pedir una auditoría del periodismo de investigación, a personas que no entienden de estas cuestiones.
Juez Alejo Ramos Padilla.
Esa causa tiene muchas particularidades, como que Ramos Padilla integra la Comisión Directiva de Justicia Legítima, la agrupación judicial del kirchnerismo. El juez es vocal suplente en ese colectivo K. La causa "de los espías", además, es una especie de "contracara" de la Causa Cuadernos, por la que se investiga corrupción en la obra pública. Dos de los querellantes contra los periodistas son los ex funcionarios Julio De Vido, y Roberto Baratta.
El dictamen de la Comisión de la Memoria recibió el duro rechazo de Fopea, la organización de periodistas profesionales más importante de la república. "Un nuevo paso hacia la criminalización del periodismo" dijo la institución el domingo. También se expresó Adepa, que agrupa a empresas y medios de comunicación. Y numerosos periodistas de todo el país. Además lo hicieron dirigentes políticos, aunque -notablemente- nadie en el kirchnerismo, que está a las puertas de ganar las elecciones presidenciales, manifestó preocupación alguna. El candidato más votado en las PASO, Alberto Fernández, apenas alcanzó a esbozar un tibio comentario con más "peros" que afirmaciones sobre la defensa de la prensa libre que dice sostener.
Criminalizar el periodismo es un paso a la censura, a cercenar la libertad de prensa, y a favorecer la corrupción. Para ello, los poderes ocultos se sirven de jueces venales, y muchas veces ignorantes en cuestión de derechos de prensa. Y que no comprenden que en la Argentina, buscar información es una tarea muy compleja, cuando hay maquinarias muy eficientes de ocultar. La información que revela a los corruptos no está encuadernada en "biblioratos" a disposición de todos.
En Mendoza se viven reflejos de este comportamiento autoritario e inquisidor contra la prensa. Recientemente, el poder político de Santa Rosa -uno, pero no el único, de los departamentos con gobiernos locales de tinte "feudal" que tiene Mendoza- nos demandó. Y nos estamos defendiendo en la justicia, encausados por escribir sobre temas que nadie se animaba a ventilar, porque en los feudos, es así: Casi no hay periodismo independiente, ni de investigación. No hay oposición o su rol es muy confuso. Y abundan los funcionarios con capacidad de "apriete". Gran parte de la población vive directa o indirectamente del Estado, y eso les otorga a los funcionarios venales una capacidad muy fuerte para silenciar y ocultar. En este contexto real, no el ideal que podría imaginar algún juez o jueza despistado desde su despacho, es que los periodistas tenemos que ejercer el periodismo de investigación.
Norma Trigo y Marcos Nuarte.
Investigar en los feudos es muy complejo. Así lo hicimos en Santa Rosa, donde el poder de Norma Trigo y su secretario de gobierno Marcos Nuarte fue finalmente limitado por los ciudadanos en las elecciones municipales del 29 de setiembre. Luego de haberla elegido intendenta en 2016, tres años después, los mismos santarrosinos repudiaron una gestión oscura y votaron a otra candidata. En Santa Rosa, conseguir información oficial es casi imposible aún para los concejales de la oposición. Las ordenanzas y resoluciones de la Municipalidad no se publican en el Boletín Oficial salvo contadas ocasiones. Se publicaban en el sitio oficial del departamento, pero no se actualizan desde 2018. Para acceder a todas las ordenanzas hay que ir a los registros del Concejo Deliberante local. Incluso los decretos de la intendencia no se publican, salvo licitaciones. Aunque cualquier vecino podría pedirlos si lo hace con el proceso de Acceso a la Información Pública. Luego debe sentarse a esperar que el funcionario de turno autorice el trámite. Muchas veces, los concejales de la oposición debieron pedir-en secreto que algún empleado les haga fotos a escondidas de los decretos oficiales. Pero luego, los mismos informantes suelen "arrepentirse", por el juego de presiones de los feudos de la Mendoza oscura, que convive con la provincia democrática, inclusiva, amplia, institucional, de la cual muchos estamos orgullosos. Muchos jueces ignoran, o eligen ignorar, estas cuestiones elementales de la realidad mendocina.
El caso de la "Comisión de la Memoria", los juicios contra periodistas como aquel del que nos hicieron objeto, tienen finalmente la misma matriz: proteger la corrupción, y criminalizar al periodismo que investiga.
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