Una investigación muestra los beneficios para la española Abertis por una deuda millonaria que ya cobra en efectivo hasta 2030.
Denuncia de Perfil: acuerdo exprés y millonario para empresa socia del Grupo Macri
Este domingo, diario Perfil reveló una investigación en la que muestra los beneficios para la compañía española Abertis por una denuncia millonaria que ya cobra en efectivo hasta 2030.
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri renegoció los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía extranjera Abertis y sus socias, y les reconoció deudas millonarias.
Abertis es una empresa ex socia del Grupo Macri en una de estas concesiones: Ausol, de Acceso Norte, en Buenos Aires. El Ejecutivo sostiene que ese arreglo le ahorró al país US$ 2.300 millones.
La accionista mayoritaria de Autopistas del Sol SA (Ausol, Acceso Norte) y el Grupo Concesionarios del Oeste SA (Acceso Oeste) presentó el 7 de diciembre de 2015 una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial que media entre empresas de capitales extranjeros y los Estados.
Cuando Abertis presentó la demanda todavía era socia de Sideco (empresa de los Macri) en Ausol. La firma de la familia presidencial tenía el 7% de las acciones de la concesionaria. Las vendió en 2017.
Esa demanda de Abertis ante el Ciadi, al tiempo fue tomada por el gobierno de Macri como argumento para cerrar un acuerdo con las concesionarias y pagarles una deuda alegando que negociar con la compañía era más barato para el Estado.
El Gobierno renegoció la concesión de las autopistas con Abertis basándose en que si avanzaba su demanda en el CIADI el Estado debería pagar miles de millones de dólares.
Pero los números del Ciadi y del propio Gobierno confirman lo contrario: que Abertis tuvo un mejor acuerdo con el Gobierno nacional que con el CIADI y cobrará más dinero del que demandaba ante ese centro internacional, logrando así asegurarse una decisión a su favor en mucho menos tiempo y en efectivo.
Analizando las últimas demandas contra el país cerradas en el tribunal internacional y publicadas en el sitio web del CIADI, puede verse que hay casos presentados por empresas de España, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Países Bajos contra la Argentina a partir de 2001. La mayoría son reclamos similares a los de Abertis: compañías que adquirieron concesiones durante las privatizaciones de los 90 y que, luego de la pesificación de las tarifas por la crisis de 2001 y la devaluación, demandaron al país en reclamo por sus inversiones o la falta de actualización de tarifas, como el caso de las concesionarias de autopistas y peajes.
De ver esos casos cerrados, se desprende que la mayoría de las veces en las que la Argentina fue sentenciada, el monto que debió pagar fue mucho menor al que pretendían las compañías.
Pero Abertis logró un acuerdo superior al que podría haber obtenido en el tribunal, de acuerdo a los casos anteriores. En junio de 2018, el Gobierno le reconoció deudas por un total de US$747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$247 millones a Acceso Norte), de acuerdo al Ministerio de Transporte.
La empresa los recuperará en efectivo a través del cobro de peajes (ya que sigue explotando ambos accesos) hasta 2030. De acuerdo al Ministerio, el Estado no ve un peso de los peajes, e incluso Abertis se comprometió a realizar obras postergadas en ambos accesos.
Según los datos informados por el jefe de Gabinete, la ex socia de los Macri consiguió que el Estado le reconociera el 60% de lo que reclamaba ante el tribunal internacional. De acuerdo a Transporte, los números a favor de Abertis son menores: recibió 25% de lo que reclamaba.
Pero hay detalles que muestran beneficios superiores para Abertis. Por ejemplo, el tiempo: los demandantes de la Argentina ante el Ciadi tardaron entre 6 y 15 años para que el tribunal hiciera efectiva la sentencia. Es un promedio de diez años de espera para obtener un resultado. Abertis demandó al país en diciembre de 2015 y para junio de 2018 ya estaba firmando la renegociación de sus contratos y el reconocimiento de las supuestas inversiones.
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