Un juez federal habilitó que una comisión de "notables" haga un peritaje sobre notas periodísticas. Un precedente que busca amordazar al periodismo de investigación. Lo que ocurre en Mendoza.
Un avance peligroso se prepara contra la libertad de prensa
Los medios de la República Argentina debemos prepararnos para avances furibundos de algunos sectores políticos y judiciales contra la libertad de prensa, ya que hay intentos muy serios de limitarla. El objetivo final es amordazar al periodismo de investigación y evitar la difusión de casos de corrupción.
El mes pasado, en una resolución contra el periodista Daniel Santoro; el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ordenó que la Comisión Provincial Por La Memoria audite notas del citado periodista, para saber si existieron metamensajes extorsivos del profesional a supuestos extorsionados, en una trama de espionaje en la que se vinculan al profesional de prensa, al falso abogado Marcelo D'Alessio, y muy especialmente al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío, investigadores de la causa "Cuadernos", que dilucida una gigantesca matriz de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Esa causa acaba de ser enviada a juicio oral.
La Comisión Por la Memoria a la que recurrió el juez Ramos Padilla para "investigar" a su vez las investigaciones de Santoro, quien trabaja para el diario Clarín, es un organismo autárquico de la provincia de Buenos Aires. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas, "como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos" dice en su sitio oficial. Nada tienen que ver los miembros de este organismo -muchos de ellos de reconocida afinidad kirchnerista-, con el ejercicio profesional del periodismo.
Así, la "Conadep" del periodismo que propuso el actor cristinista Dady Brieva, no estaría tan lejos de la realidad. A luz de lo que ocurre, probablemente sea propiciada por mucha más gente de la que creemos.
Proponer "comisiones" de notables -o no tanto- que opinen sobre lo que piensan los demás es simplemente una faceta vieja y conocida de las diversas formas de totalitarismo. Un camino que no nos merecemos recorrer los argentinos que sufrimos la dictadura. Aquel proceso no solo mató y persiguió, sino que quemó libros e instauró la más absoluta falta de expresión de las últimas décadas.
Sin embargo, y en nombre siempre de la libertad, los fascismos van contra la prensa.
El "queremos preguntar" durante el gobierno de Cristina.
La decisión de Ramos Padilla de auditar las notas de prensa mereció el rechazo de asociaciones profesionales de medios y de periodistas, como Adepa y Fopea. Pero el caso se reactualizó el fin de semana pasado, cuando el candidato a presidente Alberto Fernández dijo en la sede del diario La Voz del Interior, que "no" apoyaba la intromisión del Estado en la tarea del periodismo. Pero que una cosa era la tarea de la prensa, y otra bien distinta mandar mensajes extorsivos. Con lo que terminó avalando la especial "auditoria" del juez, a uno de los periodistas que investigó al poder kirchnerista y sus casos de corrupción. Sería bueno que el candidato que dice venir a cerrar la grieta aclarase bien sus dichos. Participó de una era, la de los Kirchner, que buscó demonizar a medios y periodistas tildándoles de opositores y golpistas, utilizando intentos de desguace y compra de empresas periodísticas; o escupiendo a los periodistas mediante escraches en las plazas públicas.
La prensa no es impune. Hay leyes penales y civiles que debemos cumplir. Sin embargo, hay intentos de amordazar al periodismo aún con una supuesta "legalidad", y deben rechazarse con la mayor de las fuerzas. La limitación a la prensa es, en realidad, equivalente a recortar la libertad de acceso a la información confiable y verificada a los ciudadanos.
Mendoza no está exenta de tales prácticas autoritarias. Aquí hubo hace años un proyecto de ley mordaza. También aquí, en muchos departamentos, salvo honrosas excepciones, no hay libertad de prensa. Y los medios departamentales dependen del financiamiento y antojo del cacique político local. Y ello, más allá del color político de quienes gobiernan. Tunuyán, Santa Rosa, San Rafael, por mencionar sólo algunos, son en nuestra opinión mucho más parecidos a la Formosa de Gildo Insfrán, que a la Mendoza democrática que predomina en el gobierno de Cornejo y en otros muchos municipios.
Hemos visto hace poco cómo funcionarios o funcionarias buscan presionar a los jueces para obtener fallos, incluso generando escándalos con audios "truchos", buscando engañar a los medios y a la ciudadanía luego de pretender manipular los supuestos dichos de un juez.
Pero lo más grave, quizá, ha sido escuchar a una intendenta comentar con total naturalidad en un grupo de WhatsApp, que le había pedido a un miembro de la Suprema Corte de Justicia que metiesen preso a una determinada persona. No aclaró la intendenta si ello era más allá de la culpabilidad o no de los presuntos involucrados, o sólo por necesidad política.
En este sentido la "Mendoza institucional sana" que muchas provincias envidian, convive con esta otra Mendoza, más oscura y profunda, que se parece a estados de baja calidad democrática. Esa Mendoza anquilosada, opaca, anclada en el pasado; anida especialmente en algunos centros urbanos alejados de la capital y del Centro Cívico, donde vive otra Mendoza, amplia y progresista.
Decisiones que limitan a los periodistas, fallos polémicos contra los medios, funcionarios corruptos que amenazan y hacen juicios a los medios, jueces o juezas que protegen "el honor" de estos personajes oscuros, empiezan a formar parte del mismo esquema.
Todo se concatena. Así como la censura o la "auto censura". Desde el 11 de agosto, día de las PASO nacionales, el Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó de dar a publicidad decisiones sobre casos de corrupción. En conjunto, todos estos hechos configuran indicios de peligro para la libertad de prensa, uno de los pilares básicos de la vida en democracia.
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