Para la defensa de De Vido, esos pedidos debían ser invalidados porque falta la realización de una pericia que considera clave en la investigación.
La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad por la causa Río Turbio
La Cámara Federal porteña rechazó una nulidad presentada por el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido contra los pedidos de elevación a juicio de la investigación centrada en él y en su ex mano derecha Roberto Baratta, por presunta malversación de fondos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Son pedidos de juicio que recibió el juez federal Claudio Bonadio hechos por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para la defensa de De Vido, esos pedidos debían ser invalidados porque falta la realización de una pericia que considera clave en la investigación.
"Más allá de advertir que la diligencia que reclama la defensa no tiene el valor determinante que pretende asignarle, se observa que las piezas atacadas cumplen con los requisitos de fundamentación que las normas exigen, toda vez que las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho han sido ampliamente desarrolladas", evaluó la Cámara.
De esta forma, los camaristas Leopoldo Brugia y Martín Irurzun rechazaron la nulidad y habilitan que el caso pase a instancia de juicio oral y público.
Según la acusación, "el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.373", y -de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)- existía un monto de $88.320.750 sólo en concepto de "gastos administrativos".
En la causa están procesados De Vido, el ex interventor de Yacimientos Carbonífero Río Turbio Atanacio Pérez Osuna; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Omar Mayoral; el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Martín Juan Goicoechea; el ex gerente de Explotación de YCRT Juan Marcelo Vargas; y el coordinador General Convenio Tren Turístico, Jaime Horacio Álvarez; entre otros.
Todos están acusados de "haber participado de una maniobra defraudatoria" entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 por la que hubo una "ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional".
Según el fiscal, "con excepción de Mayoral a quien debe atribuírsele el delito de abuso de autoridad en su modalidad omisiva, el resto de los imputados deberán responder por el delito administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". .
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