El accionar de la organización criminal se habría extendido entre (al menos) 2010 y octubre de 2015.
Juzgan a 29 personas en Mendoza por falsificar facturas
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, integrado por María Paula Marisi, Waldo Piña y Gretel Diamante, dio inicio semanas atrás al debate oral y público que juzga la responsabilidad de 29 personas acusadas de conformar una asociación ilícita fiscal liderada por Pablo Prete y Sergio Delfino, éste último capturado en agosto de 2018, tras permanecer durante tres años prófugo de la justicia.
El accionar de la organización criminal se habría extendido entre (al menos) 2010 y octubre de 2015, período durante el cual ocasionó un perjuicio estimado en más de 222 millones de pesos a las arcas del Estado, solo teniendo en cuenta el capital.
De acuerdo a la investigación, la organización se formó y mantuvo estable en el tiempo con el objetivo de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria. Tal objetivo se habría materializado a partir de la confección, ofrecimiento, venta y distribución de facturas apócrifas a contribuyentes de distintas jurisdicciones, no sólo de Mendoza, sino también de Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut.
Dichas facturas "truchas" eran luego utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o para la simulación de costos, de tal forma de permitir a los contribuyentes adquirentes de este crédito fiscal falso, reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados, tanto en materia de IVA como de Ganancias.
Juzgan a 29 personas en Mendoza por falsificar facturas.
En una primera etapa, la organización buscaba personas insolventes dispuestas a recibir dinero a cambio de dar sus datos personales de tal forma de inscribirlas como contribuyentes ante la AFIP-DGI y hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas. Luego se confeccionaba toda la documentación falsa necesaria (contratos de locación, actas de sociedades, poderes) para constituir las supuestas sociedades y, ya con la documentación fraguada, se realizaban las inscripciones ante la AFIP, realizándose certificaciones de firmas inexistentes mediante el uso de sellos falsos de notarios y a través de la declaración como domicilios fiscales de varios de los contribuyentes apócrifos y de las sociedades ficticias.
Posteriormente, la organización requería la impresión de las facturas o comprobantes de éstos contribuyentes y sociedades falsas a las imprentas; en otra etapa posterior se escaneaban facturas y/o tickets fiscales de contribuyentes reales y conocidos en el medio para luego consignar en ellas operaciones irreales, "lo cual dificultaba el descubrimiento de la falsedad de la operación".
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Finalmente, ofrecían y vendían las facturas falsas a los potenciales "clientes", ya sea a través de los jefes, intermediarios o "punteros", llegando a duplicar y hasta cuadruplicar el mismo número de factura a diferentes usuarios para tener un mayor volumen de comprobantes para vender y, de este modo, dificultar el descubrimiento de las personas detrás de la organización.
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