Lula cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción.
Cancelaron el traslado de Lula a una cárcel común
El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva estuvo a punto de ser trasladado a una cárcel de San Pablo que aloja a asesinos, pedófilos y violadores, pero la mudanza fue suspendida a último momento por el mayoritario voto de los jueces que integran el máximo tribunal del país.
La mudanza de Lula, quien desde abril de 2018 cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción en la sede de la Policía Federal de Cutiiba, había sido ordenada hoy temprano por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos.
Pero a última hora de la tarde, con el voto de nueve de sus 10 miembros, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil dejó la orden sin efecto hasta tanto se resuelva un pedido de hábeas corpus presentado por los abogados defensores del ex mandatario.
A la decisión del traslado tomada por Lebbos le siguió otra resolución del juez Paulo Sorci que estableció que Lula debería pasar a completar su condena en el complejo II del presidio de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, donde están algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil por resonantes causas de pedofilia, violación o asesinato de niños.
Cancelaron el traslado de Lula a una cárcel común.
El Complejo Penitenciario de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital paulista, fue construido en 1948 y, desde 2002 aloja a presos que cometieron delitos con gran repercusión, de ahí que la prensa lo llame "cárcel de los famosos".
Las condiciones de ese complejo son mejores que en otros presidios públicos del estado San Pablo, informó la agencia EFE. Las celdas varían entre ocho y 15 metros cuadrados y la comida, preparada por una treintena de reclusos, es de alta calidad y se reparte tanto a los presos como a trabajadores del complejo, según medios de comunicación brasileños.
Ver: Lula pidió que se respete el debido proceso con Temer en Brasil
La decisión de mudar a Lula se enmarca en el escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
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