Michelle Bachelet, la comisionada de las Naciones Unidas denunció graves violaciones a los Derechos Humanos.
Ante la ONU, confirman que el gobierno de Maduro ejecutó a 6800 personas
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó este viernes que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", en la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
"El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.
El informe acusa al régimen de Nicolás Maduro de "graves vulneraciones de derechos" y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición", afirmó la alta comisionada.
Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias y en este sentido recordó la reciente muerte del ex oficial de Marina Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió el sábado pasado tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). A esa conclusión llegó la autopsia que le fue practicada y que publicó este martes el periodista Eligio Rojas.
Por otro lado, la ex presidenta chilena indicó que "las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado" y "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida peligro corre peligro de ser castigado con represalias y represión".
También denunció el uso repetido de "fuerza excesiva y letal contra manifestantes" y "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".
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