La docente estuvo en una conferencia de prensa acompañada de la CTA y del SUTE. Apuntaron al intendente Mario Abed y afirmaron que realizarán acciones legales contra la DGE.
La vicedirectora suspendida pidió ser restituída
Carolina Gutierrez es la docente de la escuela Blanco Encalada de Junín que fue suspendida de su cargo. El motivo es por una serie de situaciones que las autoridades entienden como irregulares, tales como instar al uso del baño compartido, entre otros compartamientos. No obstante, el hecho por el que se hizo público el caso es por la utilización del lenguaje inclusivo que realizaba la docente.
Ayer miércoles la docente publicó una carta en su cuenta de Facebook pidiendo disculpas y criticando a la educación pública. Este jueves, con el respaldo del SUTE y de la CTA brindó una conferencia de prensa para pedir al Gobierno de Mendoza por su restitución.
"Quiero pedir disculpas de nuevo porque nunca pensé que usar lenguaje inclusivo iba a generar tanto revuelo", se limitó a decir Gutierrez.
Por su parte, el titular del SUTE, Sebastián Henríquez, dijo que durante una reunión gremial llegaron padres para agredir a la docente y este hecho quedó grabado. "El tema es que se ha instalado el miedo, la persecución política. Carolina tiene derecho a usar lenguaje inclusivo. No solamente porque son uno de los dispositivos contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral sino porque básicamente no daña a nadie, no ofende a nadie, no genera ningún daño a terceros y no está prohibido por la ley", dijo Henríquez.
Janet Maldonado, representante legal de la docente aseguró que el traslado se realizó sin que interviniera el órgano administrativo competente por lo que era una medida que carecía de valor.
En este contexto, las denuncias contra los dos funcionarios de la DGE son hacia Hugo Martín, delegado administrativo de la DGE en la regional Este y
Francisco Fernández y asesor letrado de la misma.
Ver: Un docente acusó a la vicedirectora de Junín por amenazas
El secretario de la CTA, Gustavo Correa explicó que tomaron otras medidas: enviaron una carta documento a la DGE por la situación de violencia que se vivió en las asambleas y presentaron un amparo sindical por la persecución política que vivió la docente.
"Hubo una arbitrariedad y se vulnera el derecho a la presentación gremial que resguarde el derecho a la acción gremial", explicó el secretario de la CTA.
"Empiezan a instalar en la discusión el supuesto proselitismo a los padres de la escuela y esto pasa en otros ámbitos", agregó Correa al tiempo que mostró fotos del intendente Daniel Orozco de Las Heras repartiendo buzos a los estudiantes de esa comuna, que se puede interpretar como proselitismo.
En su visión, desde la DGE buscan demonizar a la docente para ocultar otros problema que ocurren en el sistema educativo provincial. En este aspecto, mostraron fotos de un aula de una escuela de Rivadavia sostenida por un palo. "Estas cosas pasan en las escuelas", reclamaron.
Ver: Vicedirectora suspendida: pide perdón pero critica a la actual escuela pública