Hace poco Lobos y su esposa fueron condenados por fraude. La causa por enriquecimiento está muy avanzada. Los detalles. Un terreno que compró al contado la suegra jubilada.
El "loteo de la Claudia" y otras riquezas del Clan Lobos
María Elena Fernández, la suegra jubilada del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, compró en abril del año 2014 un terreno de cinco hectáreas y media en Colonia Segovia, por la suma de $ 1.200.000 que pagó al contado, en una sola vez. El terreno va desde la Calle Sánchez, a un par de kilómetros del cruce con el carril Tomás Godoy Cruz, y llega hasta la vieja traza del ferrocarril Belgrano. La señora Fernández, la misma mujer que cobraba el dinero de la "mucama ñoqui" por la que fueron condenados a prisión de cumplimiento efectivo tanto Lobos como su esposa Claudia Sgró, es una jubilada que cobra la remuneración mínima. Y la "inversión" inmobiliaria que hizo está bajo la lupa de la justicia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi instruye contra el matrimonio Lobos-Sgró, por el que ya están imputados y prontos a ir a juicio oral.
El "Caso Lobos" comenzó en diciembre de 2014, cuando este diario publicó la investigación "Así se enriquece un intendente". Desde entonces, Lobos, su esposa, su suegra, otros familiares y ex funcionarios recibieron imputaciones por fraude, enriquecimiento ilícito, administración infiel, robo de combustibles, y otros delitos. Lobos y su mujer también fueron condenados por el caso de la "Mucama ñoqui".
El terreno que compró la suegra de Lobos en 2014, cuando su yerno ya era uno de los intendentes más poderosos de Mendoza, está ubicado en una zona de loteos inmobiliarios de Colonia Segovia con servicios de agua, energía eléctrica y pavimento, a unos 20 minutos del centro de Mendoza. Es una de las zonas más codiciadas del departamento para este tipo de emprendimientos, donde en los últimos años se instalaron comercios varios, complejos de cabañas y hasta un centro comercial.
En el lugar se hicieron algunos movimientos de suelo, pero el expediente para iniciar una subdivisión y generar un barrio privado aún no fue iniciado. Sin embargo, entre quienes conocían la trama del movimiento de dinero entre funcionarios de Guaymallén, y también entre los vecinos, a este espacio se le conocía como "El loteo de la Claudia". Claudia -está claro- es Claudia Sgró, la mujer de Lobos e hija de María Elena Fernández. Un funcionario de la municipalidad calculó que partiendo en franjas mínimas y descontando el 30 % para calles internas, en el terreno entrarían unos 70 lotes del nuevo "barrio", que ya tiene loteos en ambos costados.
Lobos, después de la condena.
El terreno en Colonia Segovia no es la única propiedad que los investigadores están indagando en el círculo íntimo de Lobos. También hay bajo la lupa un complejo de departamentos y un fideicomiso en la calle Bandera de Los Andes. Es porque en la fiscalía buscan incluir en la causa propiedades que están a nombre de familiares directos y amigos de la pareja.
La operación de compra del lote por parte de María Elena Fernández fue llamativa, tanto porque la mujer no habría tenido en 2014 la forma de justificar ingresos como para comprar una propiedad de entonces casi 133.300 dólares, como por algunos aspectos que rodearon la operación. Uno de los hijos del primer matrimonio de Sgró, de apellido Ruiz, habría sido el encargado de establecer las negociaciones con los vendedores, de acuerdo a las declaraciones testimoniales que ya se tomaron en la causa por enriquecimiento.
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Los vendedores del terreno fueron comerciantes conocidos de Mendoza. Al momento de la venta, los titulares del inmueble eran Oscar Miguel Ángel Manduca, y Juan Carlos Manduca. Tenían el 50 % de la propiedad cada uno. Luego, María Elena Fernández se hizo del 100 % de la titularidad. El registro de la propiedad la identifica como "María Elena Fernández, CUIT 27-03732461-8, casada en primeras nupcias con Juan Carlos Sgró". El terreno está inscripto en la matrícula 364923/4, Catastro 04-99-00-0200-650620-0000-6. La propiedad venía, además, de una sucesión.
A la vista, el terreno luce abandonado. En los registros figura como "inculto" y sin nuevos trámites desde que fue inscripto. Su dueña, la suegra de Lobos, tendría plazo de iniciar un barrio privado hasta que se le inicie el juicio por la "Mucama ñoqui", por el que ya fueron condenados su hija y su yerno. Sin embargo, no podría lotear ni vender. Al igual que Lobos y Claudia Sgró, podría quedar inhibida y embargada.
Los fiscales aún no deciden si incorporan este valioso terreno al juicio por enriquecimiento de Lobos, alertados que ni María Elena Fernández ni su esposo tenían en 2014 solvencia como para adquirirlo. Fue comprado, como muchos de los bienes del clan, cuando Luis Lobos estaba al frente de la intendencia. De todos modos, se avanzó en las testimoniales. Ya declaró uno de los Manduca, y también el escribano Armando Atencio que dio fe de la operación. Por eso se sabe que el valor real de la compra fue de 1,2 millones de pesos, ya que para los registros públicos e impositivos, fue de 800.000 pesos.
Otros bienes
La causa por enriquecimiento contra Lobos y su mujer, apoyada en una pericia en la que no pudieron justificar ni los bienes que adquirieron en "blanco" y registrados, por diferencias de unos cinco millones de pesos, tuvo novedades este año. Entre el 18 y el 22 de febrero se ampliaron las imputaciones. Y se han tomado varias declaraciones testimoniales.
Gran parte de la acusación está basada en una pericia contable formal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Esta prueba fue ampliada, y de allí surgieron las diferencias que Lobos y su esposa no pudieron justificar, con los ingresos que declaraban y que pudieron demostrar.
Lobos y su esposa fueron condenados por fraude.
En la acusación que enfrentan, la fiscal Muscianisi les adjudica varias propiedades y vehículos. Una vivienda de 650 metros cuadrados (la que Mendoza Post mostró con un drone en diciembre de 2014) en la Calle Tiraso 4357 de Guaymallén, más un terreno de 1.600 metros cuadrados en el que fueron edificados la vivienda, el quincho y la pileta. Dos departamentos en Cangallo 3862, del que Lobos vendió uno "para mantenerse" según declaró, antes que le cayeran las inhibiciones. Ahora, no puede vender nada, ni salir del país.
El matrimonio tenía al momento de finalizar el mandato en diciembre de 2015 dos lotes de 519 metros cada uno en el Barrio Sol Andino y otro más en Nautilus Country. Una camioneta Amarok de alta gama, un Peugeot 308 Feline 2.0, un cuatriciclo Can Am Outlander 800 CC (hoy, unos 18.000 dólares). También les adjudican acciones en la firma Gerenciar SA, cuyas propiedades la justicia está indagando. Especialmente, edificaciones en la calle Bandera de Los Andes.
Luego del análisis de toda la documentación del caso, la fiscalía concluyó que Lobos no pudo justificar bienes por $ 3.923.00, y su esposa Claudia Sgró, por $ 1.018.837. El "blanco" que no les cierra es de 4,91 millones de pesos.
Colonia Segovia, a pocos metros del terreno investigado.
Ahora, la fiscalía tiene un dilema. La primera opción es elevar la causa a juicio como está y conseguir una condena segura que llevará a Lobos y a su mujer a la cárcel, acusados de "Enriquecimiento ilícito de funcionario público". En este caso, les cabrían de dos a seis años de prisión, más inhabilitación. Y tienen sobre sí recientes condenas por fraude al Estado, ambas de cumplimiento efectivo. La otra opción es "ir por todo", y buscar las propiedades y bienes en manos de "testaferros" como la suegra, quien sólo en un caso cobró más de 440.00 pesos, pacientemente, sacando de los cajeros automáticos el sueldo de la "mucama ñoqui". Si la fiscal tomase el segundo camino, la causa demoraría más en ser elevada a juicio. A cambio, las precisiones del enriquecimiento ilegal del clan serían mucho mayores.
La causa tiene conexiones interesantes. Lobos y su esposa tienen lotes en el barrio Sol Andino, propiedad de un desarrollador relacionada a la firma Wanka SA. El "Caso Wanka", alquiler de una planta de asfalto, es otro de los expedientes que está al salir a juicio oral, en los que hay imputados un empresario, Lobos, y su ex secretario de servicios públicos Federico Sampieri. El matrimonio también tiene terrenos en Nautilus Country, del desarrollador Antonio Fernández. Este empresario es además el "experto inmobiliario" de un fideicomiso para integrar un barrio privado en la calle Tapón Moyano. El terreno no tenía ni luz ni gas. Pero el ahora ex funcionario Sampieri les extendió un certificado de líneas y servicios públicos, que les permitiesen escriturar a sus clientes. Luego, explicó que lo hizo por orden de Luis Lobos, cuando una de las familias propietarias originales del terreno que se quedaba con cuatro viviendas presentó un recurso en Catastro para frenar las escrituras. Fotos de camiones municipales en ese loteo fueron incorporadas a la causa, luego del trabajo "Así se enriquece un intendente" publicado por este diario. Aquella investigación de la que participaron los abogados conducidos por Carlos Varela y que el FIT transformó en denuncia judicial dio inicio al "Caso Lobos".
La causa por enriquecimiento tiene más datos, pero que no formaron parte de la imputación. En unas escuchas a las que accedió este diario, Luis Lobos habla en extenso del caso de robo de combustibles, y cuenta que miembros de su familia y de su esposa usaron combustible de la municipalidad para fines particulares y para la campaña de 2015.
Hay más. La empresa Gerenciar SA, propiedad de Lobos y su esposa, compró terrenos en los que se construyeron seis departamentos, que según el propio Lobos en una conversación telefónica, pertenecían a sus suegros.
Lobos y su esposa se financiaron con una cantidad indeterminada de ñoquis, contratos irregulares, y negocios con loteos; como parte de un sistema obsceno, evidente, y hasta hace poco, impune. Ya les dictaron cárcel por fraude. Quedan juicios por ñoquis (dos casos más), y fraude en alquiler y contratación de material vial. Y en los próximos dos expedientes, las cosas no están mejor para el matrimonio. En la causa por enriquecimiento, además, les cabría una multa de dos a cinco veces el monto que no pudieron justificar.
El futuro no se les podría presentar más negro.
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