Luego de la imputación de la fiscal Chaves, el intendente de Lavalle decidió redoblar la apuesta y la denunció penalmente. Documentos que queman.
La guerra judicial entre Righi y la fiscal de la causa Tupac
El pasado viernes, como anticipó el Post, la fiscal Gabriela Chaves decidió imputar al intendente de Lavalle, Roberto Righi, por peculado.
Ello en el marco del expediente que investiga un eventual fraude al Estado respecto de los recursos que tenían como destino la construcción de viviendas sociales en ese departamento.
La imputación se dio dos días antes de las elecciones de este domingo, en las cuales, dicho sea de paso, resultó vencedor Righi.
En ese contexto, este diario tuvo acceso al avoque que la funcionaria judicial refrendó a efectos de avanzar en la causa de marras y a la denuncia que el intendente interpuso como respuesta.
Righi será imputado hoy
En su escrito, Chaves comienza explicando que "Nélida Nieves Rojas Montenegro, referente de la Asociación irregular Tupac Amaru de Mendoza y Ramón Domingo Martínez Carreño, pareja de la misma, han desnaturalizado la figura jurídica de la cooperativa de trabajo con la finalidad de defraudar en forma reiterada al Estado provincial en provecho propio y de los miembros de su familia".
Para ello, siempre según la fiscal, desde el 8 de mayo de 2008 "desfalcaron en forma sistemática, fraudulenta, abusiva e indebida de los recursos dinerarios del Estado destinados por el Programa de Emergencia Habitacional y el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria a la construcción de viviendas sociales y a la generación de trabajo genuino en el Departamento de Lavalle durante el período comprendido aproximadamente entre los años 2008/2016 haciéndolo mediante la constitución meramente formal de cooperativas de trabajo inexistentes en los hechos (las que son individualizadas en el Anexo I), así como con su manejo centralizado, autoritario y estricto, medio a través del cual lograron hacerse de los fondos y manejarlos en forma concentrada".
Ver además: "No tengo en cuenta la agenda política"
De acuerdo al mismo avoque, estas cooperativas de trabajo pudieron operar por estar autorizadas por los funcionarios del INAES y del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, "quienes falsamente certificaron el Acto constitutivo de las mismas".
Entre otras irregularidades, allí se señala "el ardid", que consistió en sustraer el porcentaje destinado por cada Acuerdo Específico para el trabajo del cooperativista "(RETORNO) incumpliendo las obligaciones asumidas en cada uno de los contratos de ejecuciones de obra firmados y la legislación laboral, de seguridad social y las relativas a la higiene y seguridad en el trabajo".
Chaves explica en su escrito que el desfalco se llevó a cabo con el accionar también "oportuno" de los Presidentes cooperativistas, "quienes contribuyeron al fin delictivo, firmando los contratos de obra, las actas de inicio de obra, las certificaciones de obras de los Proyectos habitacionales y cobrando los respectivos desembolsos, lo que eran entregados por ellos a Ramón Martínez".
En dicho marco, a través de esta maquinación falaz, Nélida Rojas y su marido se habrían apropiado de cuantiosas sumas de dinero, las que superarían los 90 millones de pesos.
Ahí es cuando aparece la eventual responsabilidad de los funcionarios públicos de Lavalle. Así lo refiere la fiscal en su avoque: "Esta ostensible desviación de la doble finalidad de los Programas mencionados, esto es trabajo digno y vivienda digna y la vulneración de los derechos individuales y sociales fue posible en los períodos investigados por la omisión de los siguientes funcionarios".
En principio, se trata de los miembros del Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, sus presidentes Carmelo Simo y Jorge Omar Parisi y Gerente de Hábitat, "quienes, conforme a las obligaciones específicas contenidas en la legislación y reglamentación aplicable, no sólo no fiscalizaron ni controlaron eficientemente la aplicación del dinero a su finalidad específica, sino que, con su omisión facilitaron el apoderamiento de los fondos mencionados precedentemente por parte de Rojas y Martínez".
Acto seguido, aparece la supuesta responsabilidad del jefe comunal de Lavalle: "En igual sentido, Roberto Righi, haciendo omiso su deber de fiscalización y control en su calidad de Intendente y responsable legítimo del Departamento de Lavalle, suscribiendo los Acuerdos Específicos (Acus), contratando a las falsas cooperativas, suscribiendo las Actas de Inicio de Obras, los certificados de obras -entre otras- y José Blanco, Director de Vivienda durante el período mencionado, quien tenía a su cargo el cumplimiento de la Reglamentación y el control del Programa, suscribiendo las Actas de Inicio de Obra con las falsas cooperativas y los certificados de obra, incumplieron ambos la normativa aplicable (Ley 8706, Ley 3909 de Procedimiento Administrativo, Programa de Emergencia Habitacional, Resolución 2.005 del 21 de Diciembre de 2.005 del I.P.V., Resolución 439/07 del IPV -Manual de Procedimiento y Manual de Funciones-, Programa Federal de Integración Socio Comunitaria, Resolución N° 1270, Resolución 2233/14 del IPV y 2234/14, Resolución 1391/15 y Resolución 873/11 del I.P.V., Reglamento General para la rendición de cuenta y los Acuerdos Específicos -ACUS- N° 031/07, 2672/07, 033/09, 3778/09, 4332/09, 3748/09, 3749/09, 3392/09, 3221/09, 1597/10, 80/11, 1775/12, 596/12, 1552/13, 2182/14, 1248/14, 2226/14 y 2227/14 y la Ley Orgánica de Municipalidades), facilitando así el apoderamiento descripto y la violación reiterada de la legislación laboral en perjuicio de la administración que por su cargo representan".
La fiscal describe la trama como un "mega fraude"
En concreto, Chaves divide sus acusaciones en tres grupos. Por un lado, les imputa a los siguientes cooperativistas el delito de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa: Nélida Nieves Rojas Montenegro, Ramón Domingo Martínez Carreño (éste además por ser presidente de la falsa Cooperativa Trabajo y Fuerza); Julieta Huanca Yucra, Dante Ramón Funes (Cooperativa de Trabajo Atahualpa), Doris Yoselie Cabeza (Cooperativa de Trabajo Cristal de Luz), Dora Rosario Lourdes Oviedo, Federico Jonatan Torrengo (Cooperativa de Trabajo Nehuen), Mariela Zulema Diaz (Cooperativa de Trabajo San Expedito), Pablo Sebastian Carmona (Cooperativa de Trabajo Tierras del Este) José Casanova (Cooperativa de Trabajo Tamari Yague), Monica Pereyra (Cooperativa de Trabajo Los Vencedores ) Verónica Ana Martínez (Cooperativa de Trabajo Sayanka ) Lorena Anabel Oviedo (Cooperativa de Trabajo Natanael), Pablo Damian Coria (Cooperativa de Trabajo Tupaqueros del Cacique), Alejandra Noemi Molina (Cooperativa de Trabajo Otoniel), Hugo Joaquín Serapio (Cooperativa de Trabajo Yankiray) Lino Alberto Díaz ( Cooperativa de Trabajo Inti Huasy), Aricena Rojas, Carina Chatard ( Cooperativa de Trabajo Evita), José Agustín Maza (Cooperativa de Trabajo Manos Propias), Iris Gladys Videla (Cooperativa de Trabajo Aconcagua), Carla Antonella Martinez ( Cooperativa de Trabajo Sueño Cumplido), Susana Beatriz Aguirre (Cooperativa de Trabajo Sembrando Esperanza), Cinthia Anabel Mayorga (Cooperativa de Trabajo Ilusiones).
Luego, puntualiza sobre los funcionarios públicos por el delito de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa "por su calidad de partícipe necesario": David Acuña (Área Empresas Sociales, Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina) Jorge Álvarez (Gerente de Capacitación y Fomento Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES-), Carolina Arribi (Dirección de Infraestructura Básica, Secretaria de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina).
En tercer lugar, por el delito de peculado y en subsidio el delito de fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel, refiere a Jorge Omar Parisi (Presidente del I.P.V.) Carmelo Simo (Presidente del I.P.V.), Manuel Moreno Serrano, Jorge Mario Pérez (miembros del Directorio del IPV), Roberto Victorio Righi, José Blanco (Director de Vivienda de la Municipalidad de Lavalle).
Finalmente, la fiscal solicitó los "antecedentes policiales, carcelarios y del Registro Nacional de Reincidencia" de todos los mencionados.
Nélida Rojas, titular de la Tupac en Mendoza
A su vez, pidió que se investigue "el daño producido por el delito, a sus autores y partícipes", dando intervención a Fiscalía de Estado de la provincia y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
La respuesta de Righi
Como respuesta a la imputación de Chaves, Righi hizo una denuncia penal por supuesta "violencia moral", delito consagrado en el inciso 11 del artículo 72, "por haber perdido la recusada todo parámetro de objetividad que debe guiar su actuación, así como también imparcialidad a la hora de decidir en la recusación de los peritos contadores".
El intendente asegura que la medida de la fiscal "colmó mi paciencia" y puntualiza que la recusó por no haber sido "ni justa ni objetiva" en la investigación de marras.
Righi respondió con una contradenuncia
Incluso, el mandatario comunal refiere a la entrevista que le hizo el Post a Chaves la semana pasada, donde dijo que no había ninguna animosidad política en su imputación: "Ud ha hecho esto con el solo propósito de que los medios informen sobre un supuesto delito mío porque cree que eso me perjudicara (sic) en las elecciones del domingo, más allá de que Ud haya declarado que todos los políticos dicen lo mismo y que no conoce la agenda electoral".
No obstante, lo más polémico de la denuncia de Righi aparece al momento de mencionar los dichos de un periodista de Lavalle, quien se habría cruzado el 11 de abril pasado con Chaves en la municipalidad de ese departamento.
El cronista asegura que la fiscal le habría preguntado, textualmente: "¿Vos sos kirchnerista o independiente?". Acto seguido, le habría manifestado: "Vos me tenés que ayudar a encontrar los bolsos, porque acá probablemente hay bolsos, es la misma forma de operar que en Jujuy".
No es todo: el periodista -siempre según la denuncia de Righi- habría sido testigo de una comunicación telefónica entre Chaves y el procurador Alejandro Gullé, en la cual la funcionaria judicial habría manifestado: "¿No ves Alejandro que este intendente es kirchnerista?".
Finalmente, el periodista jura que la fiscal le manifestó: "Este Righi es un cagón porque no vino nunca a dar la cara".
El intendente de Lavalle revalidó su gestión el domingo pasado
Consultada al respecto por este diario, Chaves negó la versión: "Righi me recusó en la causa porque dice que he perdido la objetividad y habla de un testigo que dice unas barbaridades inverosímiles sobre supuestas ideologías partidarias. Como que hay un animadversión en mí. Nada que ver".
Esta nota habla de:
