Lobos arriesga entre tres y cuatro años de prisión por fraude. También juzgan a su mujer y a su suegra. Podrían desdoblar el caso o suspenderlo, por un nuevo recurso.
La trama íntima del caso de la "mucama ñoqui" de Lobos
El ex intendente Luis Lobos, su esposa Claudia Sgró y su suegra María Elena Fernández serán juzgados desde hoy en el Tribunal Colegiado Número 2 por defraudación a la administración pública, delito que cometieron al emplear en la Municipalidad de Guaymallén a una trabajadora doméstica de Fernández y a su hijo, sin que estos lo supieran, para poder quedarse así con sus sueldos. Con el fraude, el clan Lobos recaudó entre mediados de 2011 y fines de 2015, más de 440.000 pesos.
Las investigaciones contra Lobos comenzaron en diciembre de 2014, cuando el diario Mendoza POST y un grupo de abogados encabezados por Carlos Varela, presentaron la primera investigación "Así se enriquece un intendente", que fue seguida de denuncias penales en todos los fueros. En estos años, Lobos fue imputado en tres casos de corrupción y uno de enriquecimiento ilícito. Y llega por primera vez a juicio oral.
El caso de "La Mucama Ñoqui" de la suegra de Lobos trata de una mujer llamada Laura Fara, que fue durante más de cuatro años empleada municipal sin saberlo. La suegra de Lobos cobró su sueldo con la tarjeta de débito de la mujer durante ese período. Su hijo Pablo Müller, jardinero de la familia de Claudia Sgró, también fue empleado "ñoqui" de la Municipalidad. Tampoco estaba enterado. María Elena Fernández cobró de modo indebido desde agosto de 2011 hasta noviembre de 2015 la suma de 442.729,20 pesos; con las tarjetas de débito de Fara y su hijo, quienes serán hoy los dos "testigos estrella" de esta causa.
La maniobra consistió en nombrar a ambas personas del servicio doméstico familiar como empleados contratados primero y de planta después de la Municipalidad, y a ellos les explicaron que era una "ayuda social". Todo se descubrió poco después de que Lobos y su familia dejasen la Municipalidad tras perder las elecciones de 2015, cuando la propia Laura Fara los denunció, al comprender la maniobra en la que la habían metido.
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Lobos y su familia serán juzgados por defraudación a la administración pública. Contempla de dos a seis años de prisión, pero la querella que representa a la municipalidad de Guaymallén pediría cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. No ha trascendido cuánto pediría la fiscal de delitos económicos Susana Muscianisi, pero transitaría en la misma línea.
Antes del juicio que debe empezar hoy en la Sala 32 del tercer piso de Tribunales, el tribunal integrado por el juez Ezequiel Crivelli, y los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio y Jorge Luis Del Póppolo, debe resolverse un último recurso presentado el viernes por la suegra de Lobos, María Elena Fernández. Pidió postergar el debate por razones de salud. El fiscal en jefe Sebastián Capizzi ordenó que la mujer sea revisada por el Cuerpo Médico Forense. Y el organismo recomendó que la mujer no esté en el debate, porque sufre problemas cardíacos.
Hoy habrá una decisión, antes de empezar el juicio. Según fuentes judiciales, el debate podría desdoblarse y serían juzgados en primer término Lobos y su mujer, y en otro debate, María Elena Fernández una vez esté repuesta. Pero el juicio podría ser suspendido nuevamente. Ya el año pasado, lograron postergarlo hasta hoy por un pedido de probation que fue rechazado en varias instancias, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
En esta ficha interactiva, los pormenores del caso. Podés hacer click en cada elemento:
Las pruebas contra el clan Lobos son muy contundentes. De hecho, no tienen testigos a favor. Y se espera una condena sencilla. Lobos hizo ingresar y luego nombró en planta permanente a la mujer y a su hijo. Tiempo después los ascendió, con lo que mejoró la "recaudación" de su propio clan. Claudia Sgró hizo toda la maniobra para convencer y hacerle firmar a la mujer, y María Elena Fernández era la encargada de ir a cobrar el sueldo del que le deban 500 pesos a Laura Fara, y se quedaban con el resto.
El juicio
Desde hoy hasta el miércoles desfilan testigos, y luego otra vez lunes y martes de la semana que viene. Y finalmente desde el 24, habrá alegatos y sentencia.
El caso de la "mucama ñoqui" es el primero de los cuatro que se tramitan contra Lobos, en los que está imputado. En los otros tres casos, será juzgado por fraude en el alquiler de maquinarias, otra por un contrato con una planta de asfalto (Caso Wanka), y el más grave de todos, por enriquecimiento ilícito.
La trama de la "mucama ñoqui" tiene otros imputados. Los integrantes del clan Lobos no serán los únicos sometidos a proceso. Alberto Víctor Aceña (ex director de administración), Silvina Andrea Alcaraz (ex sub directora de administración y sobrina de Lobos), Marcela Fabiana Malara (ex sub directora de administración) Cinthia Judith Spatola (ex jefa de liquidación de Haberes) y Marisa Vargas, (ex jefa de personal), fueron imputados y serán juzgados en otro debate, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese juicio podría quedar involucrado el senador peronista Alejandro Abraham. Lo acusarían de ser quien firmó el ingreso como empleada eventual de Fara a la Municipalidad cuando era intendente. Pero luego fue Lobos quien la pasó a planta permanente, nombró su hijo y los ascendió. El abogado querellante Armando Chalabe, que representa a la Municipalidad, pedirá ampliar la imputación del juicio a los ex funcionarios por este caso, para alcanzar también a Alejandro Abraham. Consultado, el senador dijo que "el nombramiento en sí de una persona no representa irregularidad alguna" y que se enteró de lo que había ocurrido, una vez que se hizo la denuncia. Abraham enfrentó a Lobos en unas elecciones PASO escandalosas, en 2015, y perdió por poco.
La maniobra
A mediados de 2011, María Elena Fernández le ofreció a su empleada doméstica Laura Fara una "ayuda" social. Una especie de subsidio. Lo hizo a instancias de su hija, Claudia Sgró, la esposa de Lobos. La mujer lo aceptó, y Luis Lobos, por entonces presidente del Concejo Deliberante, le gestionó trámites en la Municipalidad. Allí, en el cuarto piso, Fara firmó un libro y un bono de sueldo ante funcionarios que aún no fueron identificados. Luego, le indicaron que fuese al Banco Nación a cobrar por ventanilla la suma de $ 2.719,50 acreditados en una caja de ahorro del BN en Villa Nueva. María Elena Fernández le dio a Fara 500 pesos y se quedó con el resto. También le pidió la tarjeta de débito. El último sueldo de Laura Fara en 2015, cuatro años después, fue de 16.900 pesos.
María Elena Fernández sacó cada mes el total del sueldo de Laura Fara, le daba la "ayuda social", y se quedaba con el resto. La maniobra siguió igual hasta la madre de Claudia Sgró le ofreció a Pablo Müller, el hijo de su empleada y jardinero de la casa, la misma "asistencia social" que a su madre, Laura. Müller firmó los papeles, y cobró en la sucursal Villa Nueva del Banco Nación la suma de $3.300, de los que le dio 2.700 pesos a su "benefactora" María Elena Fernández.
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Fara y Müller siguieron siendo "empleados municipales" sin saberlo, hasta que en noviembre de 2015 María Elena Fernández les informó que "entraban" al municipio y que -desde enero de 2016, ya asumido Marcelino Iglesias- podrían cobrar sus sueldos en su totalidad. Pero Fara sospechó, se contactó con abogados de la Municipalidad, y así nació el caso.
Luis Lobos tuvo una participación directa cuando ya era intendente. El 19 de mayo de 2015, de acuerdo al avoque fiscal, firmó la resolución 1127/15 en la que subió de categoría y promocionó a Laura Fara y a Pablo Müller, beneficiando así a su suegra, madre a la vez su de esposa funcionaria. Lobos firmó esta resolución cuando la investigación del POST y los abogados ya era un "caso". Luego, perdió las elecciones, le imputaron el primero de los casos por alquiler indebido de maquinarias y vehículos, más tarde el Caso Fara que ahora llega a juicio, el "Caso Wanka", y -el más grave de todos- enriquecimiento ilícito. También hay otras causas contra ex funcionarios de la comuna en la gestión Lobos, por robo de combustibles, y por emitir licencias de conducir "truchas".
En el juicio que empieza hoy, las acusaciones a Lobos serán sostenidas por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal Susana Muscianisi, y la querella que representa a la municipalidad de Guaymallén, a través de Armando Chalabe.