El nivel de litigiosidad laboral tuvo su nivel más bajo a fines de 2018

A partir de la sanción de la nueva ley de ART en 2017 el número de causas judiciales ingresadas por accidentes laborales se redujo a más de la mitad en tan solo un año. Así lo demuestran las cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en las que se afirma que la cantidad de juicios pasó de un total de 8866 en 2011 a 4044 juicios en 2018 lo que significa una baja del 56% en promedio.

La merma es aún mayor cuando se comparan las cifras de los últimos cuatro meses de 2017 contra 2018, periodo en el que se alcanzó una baja del 60% en el nivel de litigiosidad al pasar de 4446 a 1806 juicios, respectivamente. A nivel nacional quien lidera la baja de juicios es Córdoba que también una de las primeras provincias en adherir a la ley.

Al respecto Gustavo Cairo, delegado en Cuyo de la SRT, explicó ante la consulta de este medio que uno de los de los factores determinantes para lograr estos resultados ha sido gracias a la puesta en funcionamientos de las comisiones médicas, una herramientas centra que legó con la nueva Ley de Riegos del Trabajo cuyo objetivos es acelerar los tiempos de resolución de la demanda de un trabajador y de reducir los índices de judicialidad.

Actualmente en Mendoza hay cuatro comisiones médicas que cubren todo territorio provincial y se encuentran distribuidas en los departamentos de Guaymallén, San Martín, Tunuyán y San Rafael. En principio las comisiones han permitido reducir las distancias que tenían que recorrer las personas del interior de la provincia quienes antes para iniciar un tratamiento o realizar un estudio debían viajar a la capital de la provincia. También aseguran que estas comisiones han permitido acortar los tiempos de la pericia médica que resuelve cuál es el grado de discapacidad que ha sufrido una persona en un accidente laboral lo que resulta vital para determinar cuánto va a cobrar el empleado.

Sin embargo es sobre el funcionamiento de las comisiones médicas donde aparecen algunas voces disidentes que aseguran que las mismas no estarían funcionando tan adecuadamente como aseguran desde la SRT.

Al respecto Janet Maldonado, abogada laboralista de la CTA Mendoza, dijo que los plazos para conseguir turnos generalmente se demoran y que los trámites administrativos son bastantes lentos. Además contó que ha experimentado personalmente esas complicaciones con un caso que ya lleva siete meses de espera, que se había archivado erróneamente y que solo le faltaba que la comisión resolviera el porcentaje de discapacidad para poder indemnizar a la persona.

En ese sentido agregó que este tipo de situaciones suceden "porque las delegaciones no tienen la suficiente cantidad personal para que las comisiones funcionen de manera óptima y de ahí las demoras, los problemas y la mala atención en general" y que por esto no se debe medir la efectividad de una ley solo porque hay más o menos juicios sino que se debe poner de manifiesto que con estas medidas solo se está beneficiando a las ART quienes ahora se ahorran los honorarios de peritos y no se responsabilizan de tareas importantes como las de comprobar la preexistencia de una patología en un examen preocupacional.