El Fiscal de Estado pide una vida más para los intendentes del PJ

Fernando Simón ya presentó su dictamen sobre la cuestión de fondo del planteo de inconstitucionalidad de los jefes peronistas que quieren ser re reelectos. No está de acuerdo con el fallo Kemelmajer, pero...

El Fiscal de Estado pide una vida más para los intendentes del PJ

Por:Jorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

Apurar la tarea en casa siempre es conveniente, sobre todo cuando el problema a resolver es difícil de desentrañar.

Eso hizo el Fiscal de Estado, Fernando Simón, con la brasa incandescente que es el recurso de inconstitucionalidad planteado por cuatro intendentes peronistas contra la promulgación del artículo 198 reformado, que los limita a una sola reelección consecutiva al frente de las comunas.

Aveiro, Righi, Giménez y Félix los intendentes peronistas que reclamaron ante la Corte. 

Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán), Jorge Giménez (San Martín) y Roberto Righi (Lavalle) son los demandantes ante la Corte que sienten vulnerado su derecho constitucional de ser elegidos.

Los reclamantes ya lograron que la Corte les permitiera presentarse como precandidatos nuevamente para las elecciones PASO del 28 abril en las cuatro comunas en las que ellos mismos decidieron anticipar los comicios respecto de las elecciones provinciales.

Cuestiones del dictamen de Simón

Qué plantean los jefes territoriales: los votos positivos reunidos en el referéndum de 2009 para que la enmienda constitucional sea válida no superaron la mitad más uno del padrón de votantes como lo establece un fallo de la Corte local de 1989.

Simón cuando ocupaba una banca en el Senado provincial.

Qué dice Simón sobre esto: el Fiscal de Estado reafirma lo que sostiene desde el tiempo en que fue senador provincial del PJ. No le gusta para nada y cree que ese criterio es imperfecto e impide cualquier planteo de reforma constitucional.

También leé: El dictamen del Fiscal de Estado contra el reclamo de los intendentes

Es decir, Simón sostiene su criterio sobre el candado jurídico que impuso la entonces jueza de la Corte Aída Kemelmajer y está convencido que hay que abrirlo para permitir que sea la voluntad popular real de los que van a votar la que defina este tipo de reformas.

Pero también ya lo dijo Simón en su dictamen de la cautelar, que sólo la Corte puede rever sus fallos y ningún otro poder u órgano del Estado puede reinterpretar esas sentencias.

Cornejo saluda a dos jueces "críticos", Omar Palermo y Julio Gómez.

De todos modos, es cierto que si el gobernador Alfredo Cornejo no promulgaba este artículo votado en 2009 el Alto Tribunal no estaría obligado ahora a revisar el criterio fijado hace 30 años.

Pero en el escrito de 54 páginas donde Simón expone sus argumentos hay una propuesta en la página 25 que le hace al Alto Tribunal.

"En caso que, al momento del dictado de la sentencia, decida ese Supremo Tribunal en pleno cambiar su anterior línea jurisprudencial, entendemos que las pautas antes mencionadas deberán ser especialmente consideradas y  prudentemente ponderadas respecto a los efectos que la nueva doctrina tendrá en los actos producidos y así como en los procesos electorales en curso al momento de resolver la presente causa. Ello en punto a resguardar la seguridad jurídica, así como las legítimas expectativas que se puedan haber generado respecto a los actores o aún a los electores en general", dice el párrafo del texto de Simón.

Concretamente Simón está convencido que una vez disparado el proceso electoral el fallo que emitirá la Corte debe regir para dentro de cuatro años cuando se tengan que renovar nuevamente los ejecutivos municipales.

O sea, sugiere que los intendentes demandantes sean ratificados si son re reelectos por última vez.

"El Doctor N", Jorge Nanclares, el titular de la Corte local.

Con el dictamen de Simón y con la opinión del Asesor de Gobierno, Ricardo Canet se cumplieron dos pasos importantes en el proceso.

Ahora, el jueves 14  el presidente de la Corte Jorge Nanclares ha convocado a una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo que evite la resolución judicial. Aunque ninguno de los actores (intendentes y Gobierno) creen que esto sea posible.

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