Fracaso: Minera San Jorge suspende el proyecto y cierra sus oficinas

Fuerte fracaso colectivo. Finalmente y luego de diez años de intentar, los últimos inversores de la minera San Jorge, en Uspallata, decidieron cerrar sus oficinas en Mendoza e irse. Lo hicieron con un duro comunicado, y criticando tanto al gobierno anterior del Justicialista Francisco Pérez, como a la actual administración de Alfredo Cornejo "por falta de decisión política" para impulsar la minería. El Proyecto San Jorge es la mayor iniciativa de cobre de la región, pero fue fuertemente resistido por el ambientalismo, e incluso su instalación motivó la rediscusión de la ley 7722. Pero nunca se alcanzó el acuerdo político para avanzar. Siempre, a último momento en años electorales, la política mendocina decidió guardar la minería en el cajón. Por esas horas, los lamentos de los industriales mendocinos por la partida de San Jorge, son fuertes.

La decisión de la minera se conoció ayer, a través de sendos documentos publicados por el sitio MDZ y confirmados por fuentes del gobierno y del sector. En los comunicados, la empresa  anunció el cierre de las oficinas desde el 1 de abril y la suspensión del proyecto por tiempo indeterminado, y difundió la explicación de los accionistas, en declaraciones de su CEO, Taras Nipochirenko. 

La minera culpó de su decisión al "clima desfavorable" para el desarrollo de la minería, y a la ley 7722. También dice que se hizo "política" con la minería, especialmente con el proyecto San Jorge, que un grupo ruso y sus socios compraron en 2013 a los canadienses de Coro Minning, de la que San Jorge era subsidiaria.

Con el portazo, los rusos advierten que se perdieron 500 millones de dólares de inversión y cinco mil puestos de trabajo.

En el gobierno de Mendoza reaccionaron con cautela. "No es que se van... pueden volver... a ellos les rechazamos la Declaración de Impacto Ambiental y debían hace todo de nuevo... además... lo que indicó el gobernador es que había que construir consenso, y el peronismo, en un proyecto nacido bajo su gobierno, no lo dio" dijo un integrante del gabinete.

La ley 7722 nació a la par del proyecto San Jorge. Hubo en los últimos doce años una verdadera guerra política y ambiental por la minería, que de momento, van ganando los ambientalistas "duros", que con recolección de firmas, asambleas, piquetes, movilizaciones, y últimamente "fake news" más oposición legal, le torcieron el brazo a la política, frenando no sólo el proyecto San Jorge, sino también el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza. Y eso, con un 30 % de pobreza alrededor.

El comunicado de la minera anunciando su partida, es extrañamente duro, para el idioma habitual de los negocios:

"El Directorio de la empresa Zonda Metals B.V., dueña del proyecto San Jorge desde 2013, en nombre y por encargo de los accionistas informa que, a partir del 1 de abril del 2019, se suspenden las operaciones de las oficinas en Mendoza de esta empresa, formada por los inversores industriales Solway y Aterra, por un periodo indeterminado".

"Esta decisión fue tomada debido a un clima desfavorable para la industria minera y especialmente debido al funcionamiento de una ley anti-minera regional en la provincia y a la politización del tema minero en general, y del proyecto San Jorge en particular".

"Resumiendo los hechos, la implementación de dicho proyecto en la provincia de Mendoza hubiera permitido invertir al menos 500 MM de dólares estadounidenses, creando no menos de 4,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 1,000 en la etapa de operación. El volumen de la producción de cobre en estas plantas permitiría sustituir casi por completo las importaciones argentinas de este metal de los mercados internacionales".

"Los accionistas del grupo Solway y Aterra se reservan el derecho de retomar la oportunidad de realizar el proyecto San Jorge solo con las condiciones de contar con un clima legal y político favorables, una vez eliminadas las barreras mencionadas y con firma de un acuerdo formal con las autoridades de la provincia, determinando las responsabilidades de las partes".

La empresa distribuyó además declaraciones de Taras Nechiporenko, el CEO del emprendimiento minero. Sus frases centrales, en las que critica al gobierno, son las siguientes:

"Tanto muchos expertos de varios rubros, como los políticos en Mendoza y en Argentina, se dan cuenta de que la Ley 7.722 tiene un carácter discriminatorio para toda una industria que ha permitido a otras provincias y países enteros, desarrollar sus economías, llegando a un nivel muy avanzado, asegurando de esta manera el crecimiento de bienestar de sus habitantes".

"...las autoridades legislativas y ejecutivas de la provincia, tanto anteriores como actuales, no han demostrado interés político para modificar la legislación antiminera o desarollar la industria en el marco de la ley 7722".

"...las autoridades del gobierno actual han perjudicado el proyecto, emitiendo la resolución para ?dar de baja' al proyecto bi-provincial sin ningún razonamiento jurídico de peso, prohibiendo de esta manera explotar el mineral en Mendoza y procesarlo en la provincia de San Juan, donde las autoridades siempre estaban y siguen muy favorables a la construcción de la planta de lixiviación para producir cobre fino. Esta resolución fue protestada por la empresa de la forma legal adecuada, tanto como cualquier otro acto hostil contra el proyecto San Jorge en el marco de los procedimientos jurídicos no solamente nacionales, sino también recurriendo a las herramientas internacionales de protección de inversiones extranjeras. Es parte de nuestra política corporativa en cualquier país del mundo, donde nosotros realizamos proyectos de inversiones".

"...evaluando lo mencionado, los accionistas y el directorio de la empresa no están viendo perspectivas algunas para que en el 2019 se eliminen las barreras políticas y legales y, por ende, toman la decisión de rubricar el proyecto San Jorge en su portafolio de inversiones como NO prioritario".

Las repercusiones a lo largo del día, no se hicieron esperar. Una de las destacadas fue de Julio César Totero, ex titular de Asinmet, y uno de los más influyentes impulsores de la minería.

El año pasado, hubo intentos de avanzar con modificaciones a la 7722 y al marco minero actual, pero una parte del Justicialismo se opuso, y el oficialismo no insistió. En definitiva, entre todos, volvieron a enterrar la posibilidad de un desarrollo minero, siquiera sustentable, en la provincia.