La actriz y el ex funcionario K Julio De Vido están acusados de defraudar al Estado con fondos que fueron depositados para realizar una producción que nunca se emitió
Piden que Andrea del Boca vaya a juicio por la novela "Mamá Corazón"
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que la actriz Andrea del Boca y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido vayan a juicio oral por defraudación al Estado a raíz del dinero que se destinó a la novela Mamá corazón, que financió el Estado y nunca llegó a emitirse.
Se incluyó también a otros acusados como directivos de la Universidad Nacional de San Martín y a la ex responsable del INCAA Liliana Mazzure por la miniserie El pacto, indicaron hoy fuentes judiciales.
A fines de diciembre, el juez Sebastián Ramos había entendido que la investigación estaba completa y giró a la Fiscalía el expediente para que evaluara la elevación del caso a juicio. Ahora, se le consultará a las otras partes y el magistrado adoptará una definición.
A Andrea del Boca se la investiga porque en su carácter de socia gerente de "A+A Group SRL", productora de la novela Mamá corazón, recibió una financiación de $36 millones por parte del Estado nacional a través de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal -que dirigía De Vido- y la Universidad Nacional de San Martín.
Del Boca fue procesada y embargada junto a De Vido, Carlos Ruta -ex rector de la UNSAM, otro de los embargados en $60 millones-, la ex directora del INCAA Mazure y el ex director general de Administración de Planificación, Luis Vitullo, entre otros.
Como gerente de la productora "A+A Group SRL"-, Del Boca recibió en una contratación directa dinero por 36.582.468, que contemplaba la alícuota del IVA, incluido ingresos brutos y el 10% en concepto de ganancia de la producción realizada.
Los convenios con las universidades fueron una constante en la era kirchnerista para desviar fondos de los controles. De hecho, De Vido está preso por una maniobra similar en la causa de Río Turbio.
El fiscal explicó que "en el primer tramo de cada una de las maniobras se desviaron los fondos provenientes del erario público, transfiriéndolos a la órbita de la UNSAM", con el fin de "eludir los procedimientos de selección y sortear los diversos controles en materia de contratación pública que fijaba la normativa vigente".