El fiscal que investiga las violaciones a niños y niñas con sordera en el ex Instituto Próvolo terminó su tarea en los casos de los acusados de ayudar a que se produjeran estos crímenes.
Abusos en el Próvolo: juzgarán a quienes callaron
Son causas por participación primaria, secundaria y la omisión de denunciar lo que ocurría en silencio entre las paredes del instituto religioso.
Gustavo Stroppiana el fiscal investigador de crímenes contra la integridad sexual terminó acusando a estos personajes que se movieron cerca de los sospechosos de ejecutar las violaciones contra las pequeñas víctimas.
La nómina la encabeza la ex apoderada Graciela Pascual.
Las pruebas se acumulan desde 2008 cuando se hizo caso omiso a algunas denuncias del mismo tenor que las de 2016 sobre situaciones ocurridas en el mismo establecimiento.
La mujer hacía las veces de confidente y colaboradora Nicola Corradi director de la escuela para niños hipoacúsicos.
Pascual está sospechada de complicidad por haber tenido la responsabilidad de la guarda de los chicos.
También quedó a las puertas del juicio Valezka Quintana, la última directora antes de conocerse la denuncia en noviembre de 2016.
Manifestación de familiares del víctimas del Próvolo el pasado 19.
Otras imputada que fue investigada por Stroppiana es Gladys Pinacca quien fue la responsable de la escuela durante 10 años (1997-2007).
Laura Gaetán y Cristina Leguiza ambas docentes también apuntadas judicialmente para ser enjuicidas.
La psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz integran el listado de Stroppiana.
Cierran la fila de acusaciones las monjas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka.
Más de 20 víctimas entre niñas, niños y adolescentes esperan una resolución sobre los vejámenes que tuvieron que soportar.
Están acusados por esto los curas Horacio Corbacho y Corradi además del jardinero Armando Gómez y José Bordón.
Ya hubo una sentencia de 10 años de prisión para Bordón por encontrarlo responsable de dos abusos sexuales.
Corradi en silla de ruedas y Corbacho detrás son los religiosos acusados.
Fue a través las declaraciones de las víctimas que ya habían denunciado al ultrajador pero que sus denuncias fueron siempre puestas en duda por los abogados defensores de los acusados.
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