Hay 10 mil familias en zona de amenaza aluvional

Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo frenara por decreto las construcciones en el Piedemonte por el enorme riesgo aluvional que representa tapar de cemento la base de la cordillera, Ambiene presentó un estudio elaborado por el Instituto Nacional del Agua.

El estudio, dirigido por el ingeniero Víctor Burgos y elaborado con un equipo interdisciplinario, y el aporte de organismos como la Dirección de Hidráulica, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y los municipios, deja al descubierto que muchas familias viven en zonas de peligro.

La evaluación analiza un área total de 1.243 kilómetros cuadrados, que incluye 22 cuencas, es decir, lugares por donde bajaría el agua en caso de inundación o tormenta fuerte.

"Este estudio permitió al Gobierno definir la emergencia ambiental que congela por un tiempo el crecimiento urbano hacia el piedemonte como medida de protección a la población y al ambiente hasta tanto se establezca con certeza técnica hacia dónde crecer, cuánto crecer y de qué forma hacerlo", explicó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

"Este trabajo es sólo sobre amenazas, no sobre riesgos ni vulnerabilidad. Analiza la amenaza aluvional en escenarios actuales y futuros, en escenario de crecimiento inmobiliario con y sin intervenciones sustentables, con avance agrícola, con incendios y con afectación de cambio climático", aseguró Burgos.

Una unidad ambiental que se quiebra

El trabajo se realizó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Agencia de Cambio Climático del Gobierno de Mendoza. Fue encarado con el objetivo de preservar al mayor núcleo urbano de la Provincia, concentrado en el Área Metropolitana, del alto riesgo aluvional detectado y anunciado en la zona desde hace décadas por varios organismos técnicos provinciales y nacionales.

El estudio abarca el análisis de más de 10 variables que entran en juego en el área -grandes pendientes, modelo hidrológico, cauces, etc.- para precisar cuáles son las áreas más riesgosas que no pueden ser ocupadas porque empeorarían la situación aluvional aguas abajo, además de sufrir daños en caso de producirse un evento.

Por otra parte, permitirá evaluar las obras que resultan necesarias y además elaborar un cronograma de planificación por parte de la Agencia de Ordenamiento Territorial conjuntamente la Dirección de Hidráulica y los municipios convocados mediante la Comisión de Piedemonte. La finalidad es actualizar la legislación pertinente o crear una nueva en función de la no ocupación de las áreas de mayor amenaza, y elaborar el código para saber cómo construir en aquellas áreas donde sí se pueden realizar actividades.

Según el informe, desde hace más de 30 años el Piedemonte se considera una zona especial desde el punto de vista ambiental por lo que muchos especialistas coinciden en que podría definirse como una "unidad ambiental" ya que reúne una serie de características propias. Una de ellas es que naturalmente cumple una función primordial en relación con la amenaza aluvional. 

Se calcula que en el cordón montañoso comprendido entre Las Compuertas (Luján de Cuyo) y El Challao (Las Heras) viven unas 10.000 familias pero la prevención del riesgo abarca a todo el ejido urbano integrado por los departamentos de Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital. De allí su relevancia.

El decreto firmado recientemente, por el Gobernador Alfredo Cornejo tuvo por fin declarar el estado de emergencia ambiental en el Piedemonte del Área Metropolitana justamente para detener el avance caótico -sin una seria planificación territorial- de la urbanización en zonas de alto riesgo para la población y el ambiente, previendo enormes daños en vidas humanas, costos económicos y ambientales.

Historial normativo

En 1983 se sanciona la primera regulación del piedemonte de Las Heras, Capital y Godoy Cruz, con la Ley 4886, vigente hoy. La sucesión de gestiones y la falta de una planificación consensuada y a largo plazo con respecto a su ocupación generaron que se produzca una urbanización no controlada en muchos de sus sectores y, en otros casos, una urbanización a demanda, sin contemplar los riesgos aluvionales, biológicos y los servicios ecosistémicos que presta el área pedemontana.

En 1995 se promulga el Decreto Acuerdo 1077, el cual se desprende de la Ley 5804. Esta norma declara la importancia del piedemonte, por las características mencionadas.

Desde entonces, los municipios y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial conformaron la Comisión de Piedemonte, encargada de definir el código de ocupación para el área.

La comisión ha avanzado con los recursos disponibles, dado que no existían estudios de base que permitieran conocer en su totalidad el área pedemontana, hoy regulada por la Ley 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en términos aluvionales sobre todo, siendo esta la principal amenaza natural en la zona. Existen numerosas investigaciones acerca de la zona pero todas son parciales, tanto en términos de cobertura espacial como en términos temáticos. Es decir que sólo se abarcaban algunos aspectos o algunas zonas específicas.

Desde 2016, con la conformación de Unicipio, se comenzaron estudios para conocer la situación de riesgo del Área Metropolitana. Esto, para aportar información a los planes de Ordenamiento Territorial municipales, proceso que los municipios de la provincia se encuentran llevando a cabo. Se llegó a un documento final, llamado "Plan de Acción para el Área Metropolitana de Mendoza", primer antecedente de visión unificada sobre toda el Área Metropolitana.

Desde 2017, cuandol la provincia comienza a contar con un Plan de Ordenamiento Territorial y sancionado por ley, se considera al área como "sujeta a regímenes especiales", entendida como una "unidad de integración territorial", la cual debe ser evaluada en su conjunto y, por lo tanto, así gestionada también.

Es por eso que a partir de la sanción del plan, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia de Cambio Climático y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, decidió llevar a cabo un estudio integral de las amenazas aluvionales en el área establecida por la ley, de manera de conocer en detalle cuál es la situación tanto para lo hoy ya construido, para poder tener pautas claras sobre cómo planificar y determinar qué áreas son ocupables y que áreas son riesgosas.