Están acusados de rebelión por el fallido intento de secesión catalán de 2017.
Comienza en España el juicio histórico contra los independentistas catalanes
El juicio oral de mayor trascendencia política de la historia reciente de España tiene en el Tribunal Supremo español, donde 12 políticos y activistas independentistas se sientan en el banquillo acusados de delitos graves, incluyendo rebelión, por su responsabilidad en el fallido intento de secesión catalán de 2017.
Se trata de una de las causas judiciales más controvertidas de los últimos tiempos, que ha provocado una profunda división política y social, y cuyo resultado tendrá consecuencias para el futuro escenario político español, debido a que el conflicto secesionista catalán continúa activo.
El inicio del juicio llega en un momento de gran inestabilidad política para España por la incertidumbre en torno a la posibilidad de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anuncie elecciones anticipadas, una cuestión que no está al margen de los que sucede en los tribunales. Sánchez, con un gobierno en minoría, se encuentra en un callejón sin salida, después de romper su diálogo con los secesionistas.
Salvo un giro de último momento, los independentistas catalanes harán fracasar su proyecto de presupuesto y abrirán las puertas al adelanto electoral pese a la posibilidad de que su caída posibilite la llegada de la derecha al poder de la mano de los ultraderechistas del partido Vox.
Comienza en España el juicio histórico contra los independentistas catalanes
En este contexto preelectoral y con Vox, que ejerce de acusación popular, calificándolos de "golpistas", los secesionistas iniciarán su batalla para convencer a los jueces del Supremo de que se encuentran ante un "juicio político" por haber cumplido con la "voluntad democrática" de los catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación.
Los 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal.
Una de las claves del proceso está en que los jueces deberán determinar si hubo violencia o no y, por lo tanto, si se cometió un delito de rebelión durante el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
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