La compañía brasileña sostuvo que el Estado la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina.
Odebrecht demandó al gobierno por no permitirle participar en obras
La empresa brasileña Odebrecht demandó al Estado nacional por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC).
Según publicó el diario La Nación, Odebrecht planteó que el Estado le impuso una suspensión preventiva en ese registro a mediados de 2017 y, por lo tanto, le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones basado en los casos de corrupción que las empresas protagonizó en Brasil y en los balances de la empresa.
La compañía brasileña sostuvo que el Estado la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina. Odebrecht reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.
En julio pasado, la empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado.
Odebrecht demandó al gobierno no permitirle participar en obras públicas.
El Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) dispuso la suspensión por un año de Odebrecht el 3 de julio de 2017. Transcurridos más de 14 meses la constructora pidió su rehabilitación.
El Estado le hizo una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos, en curso o concluidos, que afronta en la Argentina o en el exterior, "haciéndose tales requerimientos extensivos a cualquier compañía del grupo económico, sean subsidiarias o controladas, sucursales o filiales".
Odebrecht se quejó de que mientras continúa suspendida el Registro no ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" sobre las empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas que sigue el juez federal Claudio Bonadio por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos.
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