También están involucrados los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia.
Piden elevar a juicio oral la causa Hotesur contra CFK
Los fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques pidieron hoy que la expresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, vayan a juicio oral y público por lavado de dinero en el caso Hotesur.
Ante el juez federal Julián Ercolini, los fiscales presentaron el pedido para que la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de un hotel pase a juicio y que implica también al empresario Lázaro Báez.
Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014 cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.
"La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", sostuvieron los fiscales en el dictamen al que accedió Télam.
Piden elevar a juicio oral la causa Hotesur contra Cristina y sus hijos.
Pollicita y Mahiques remarcaron que la estructura estaba integrada, además, por "ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos, y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado".
Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó "ininterrumpidamente, al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".
Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el "mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita".
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