Así lo manifestaron desde distintos bloques.
Diputados opositores contra el nuevo protocolo: "Legaliza el gatillo fácil"
Diputados de la oposición repudiaron hoy la resolución dictada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reglamenta el uso de armas de fuego por parte de miembros de fuerzas de seguridad y que, según denunciaron, "legaliza el gatillo fácil".
Al comienzo de la sesión extraordinaria en la Cámara baja, durante la formulación de cuestiones de privilegio, varios diputados embistieron contra el protocolo, que incluso genera divisiones dentro de Cambiemos.
El diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño señaló que la medida gubernamental "plantea claramente una inconstitucionalidad" ya que "viola leyes vigentes, tratados internacionales con rangos constitucionales".
"Lisa y llanamente están planteando legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad a personas, por ejemplo, que se encuentren desarmadas. Plantean que no hace falta que den la voz de alto, y que (el agente de la fuerza de seguridad) no tiene que necesariamente haber recibido una agresión directa", alertó.
Ver: La Justicia frenó el protocolo policial para dispararle a quien huye
En ese sentido, advirtió que "están legalizando el gatillo fácil" sobre el cual existen "estadísticas alarmantes en nuestro país" que sugieren a las claras "una escalada represiva" del actual Gobierno.
Para la diputada del Movimiento Evita Araceli Ferreyra "con esa resolución usurpa facultades de este Congreso" y también "usurpa facultades del Poder Judicial, porque en realidad esta resolución no trata de dar órdenes de actuación a las fuerzas en situaciones complicadas, de persecución de delincuentes, sino que está tratando de crear eximentes de responsabilidad para los miembros de seguridad que abrazan la doctrina Chocobar".
"No podemos seguir con el silencio cómplice ante estas actuaciones trasnochadas, etílicas e inconstitucionales de la ministra", fustigó.
Por el Frente para la Victoria, Mónica Macha recalcó que existe un acuerdo implícito en la sociedad de que "la Argentina no tiene pena de muerte" y afirmó que la resolución es "un retroceso democrático muy importante, que pone en riesgo a toda la población".
Por su parte, Horacio Pietragalla (FpV) no dudó en aseverar que con esta medida el Gobierno pretende "copiar la doctrina Bolsonaro", en referencia a las posiciones punitivistas del presidente electo de Brasil.