"El oficial no puede preguntar, tiene que actuar y defender su vida"

El Ministerio de Seguridad reglamentó la resolución que habilita a efectivos de las fuerzas armadas a disparar sin necesidad de dar la voz de alto. Sin embargo, desde diversas organizaciones de Derechos Humanos se opusieron porque consideran que es habilitar los casos de gatillo fácil. Desde el ministerio de Patricia Bullrich le ponen paños fríos a esta situación.

La medida entró en vigencia este martes y tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre los fundamentos publicados en el Boletín Oficial se establece que el efectivo policial podrá tirar contra el asaltante si posee un arma letal, "aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".

Enrique Thomas, secretario de Gestión Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad explicó al Post que la resolución busca ordenar la reglamentación que tenían hasta el momento las fuerzas federales que muchas veces no eran claras. "Personal de Prefectura estaba autorizado para usar armas para amedrentar, Gendarmería tenía una situación difusa al punto que el agente tenía que memorizar las características del agresor y recién allí podía denunciar", aseveró.

Uno de los puntos que generó polémica es que el oficial estará autorizado para disparar incluso cuando el delincuente lleve un arma de juguete. "Hubo casos donde el agente de seguridad federal fue amenazado con una réplica y eso ha llegado al absurdo de procesar y detener al efectivo policial. En ese instante de absoluta tensión, el oficial no puede preguntar, tiene que actuar y en segundos defender su vida", señaló Thomas.

"Hay que restituirle a las fuerzas de seguridad el trabajo para que pueda estar capacitado en segundos y proteger a otras personas. Ordena donde se puede usar las armas de fuego. Las fuerzas provinciales irán reglamentándolo", explicó El funcionario. De hecho este martes hubo una reunión en el ministerio de Seguridad local para ver cómo será la implementación.

"No puede ser que un efectivo tenga un arma en su cintura y no la pueda usar", afirmó Thomas al tiempo que argumentó que esta medida no facilitará el gatillo fácil. "Desde que asumimos el llamado gatillo fácil disminuyó en Argentina. Y un dato a tener en cuenta es que también disminuyó la cantidad de efectivos muertos en deber", concluyó.

Malestar de las organizaciones de DDHH

Desde las organizaciones de Derechos Humanos remarcaron que la resolución no respeta el ordenamiento jurídico argentino y va en contra de lo estipulado leyes nacionales y propio código Penal. "Es una medida desproporcionada, totalmente inconstitucional y viola el código de conducta de las fuerzas policiales", se explayó Sergio Salinas, abogado de la organización Xumek.

Desde las organizaciones recordaron el caso de Luis Chocobar, el oficial que en diciembre de 2017 asesinó a un hombre por la espalda y hoy está procesado por exceso de legítima defensa. 

Qué dice el proyecto

El nuevo Reglamento afirma que "se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en casos como "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" y "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas". La medida también aplica para detener a quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, y "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente".

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que "el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para estos casos". 

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