Es parte de la decisión judicial después de la operación comercial que hizo que el predio quedara en manos de la Municipalidad de Luján de Cuyo.
Los $153 millones de la venta del Próvolo serán para las víctimas
El intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi señaló que desde el primer día en que se produjo la operación de compra del predio ubicado en Carrodilla el municipio se hizo cargo del espacio y se ha cuidado de no modificar la estructura de las instalaciones, según la instrucción judicial.
También aceptó el intendente que las cuatro cuotas anuales que debe realizar la comuna (de 670 mil dólares cada una) como parte de pago del inmueble a partir del año próximo deben ser depositadas en una cuenta oficial para garantizar las indemnizaciones para las víctimas y sus familiares.
La Comuna invertirá 153 millones de pesos ya pagó 60,5 millones de pesos este año y plan de 4 cuotas anuales de 670 mil dólares cada una a partir de 2019.
De Marchi subrayó que los funcionarios municipales a cargo del proyecto "parque cívico" que se desarrollará en ese predio, trabajan a la par de los abogados de las personas afectadas por los crímenes sexuales cometidos allí.
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"Los embargos llegan a los dineros que uno tiene que pagarle a la Asociación y oportunamente sean pagados a quienes resulten ganadores en un juicio. Estamos trabajando en un proyecto de intervención que será mínimo y adecuarlo para trabajar sobre lo que será el futuro parque cívico. Esto siempre excediéndonos en los cuidados y el trato del tema, siempre en contacto con el juzgado.
Sergio Salinas, uno de los abogados penalistas representante de las víctimas reseñó al Post la historia de las responsabilidades sobre el predio y el edificio.
La justicia le entregó a la Asociación San José, la antigua propietaria del inmueble sin ninguna restricción por lo cual pudo vender a la Municipalidad de Luján.
Pero al momento de retomar el control del predio el 28 de febrero pasado la justicia le ordenó que "no le podía hacer modificaciones sustanciales sin previo conocimiento del Ministerio Público".
Esa misma instrucción fue transferida para De Marchi por lo tanto no puede hacer reformas importantes sin antes conocimiento del fiscal.
El Próvolo es un símbolo de la opresión sobre niños con discapacidad, ejercida por religiosos quienes cometieron violaciones sistemáticas durante por lo menos veinte años.