Un referente proteccionista analiza los distintos escenarios en base a lo que se viene discutiendo en la Legislatura. Sigue el debate en el Senado.
Desde la vereda ambiental avisan de los "riesgos" de reformar la 7722
Los senadores seguirán escuchando hoy a los expositores a favor y en contra de la modificación de la ley restrictiva para la minería a cielo abierto.
Durante esta semana hubo reuniones de análisis de distintos sectores industriales y ambientalistas por fuera de la Legislatura.
Por ejemplo en General Alvear tierra de resistencia antiminera los empresarios de ese departamento recibieron a los representantes de los industriales y servidores agrupados en Aderpe (Asociación de Empresarios Carril Rodríguez Peña) que agrupa a todas las empresas la zona industrial interesadas en el desarrollo minero.
En ese contexto también los ambientalistas han comenzado con sus deliberaciones y uno de ellos viene siguiendo las crónicas sobre el debate parlamentario y expuso ante el Post sus observaciones sustanciando el debate que se amplía por fuera de los ámbitos legislativos.
La lupa de un tal Sosa
"Modificar la ley 7722 es un tremendo error político, y un retroceso ambiental enorme", señala Eduardo Sosa, quien integró el equipo de la Secretaría de Ambiente hasta diciembre del año pasado.
A Sosa se lo reconoce por su antiguo trabajo en la red ambiental Oikos cuando desde ese espacio logró un fallo de la Suprema Corte de Mendoza contra la actividad petrolera en el área de la Laguna de Llancanelo.
Parado sobre su punto de observación dijo intentar ponerse en el lugar de los legisladores que analizan la posibilidad de la norma que restringe la actividad minera en Mendoza. Y en especial ante los dos senadores peronistas que impulsan esta modificación Juan Agulles y Alejandro Abraham.
"La ley 7722 es la construcción socio-ambiental más relevante que ha logrado Mendoza en sus últimos 15 años. Modificarla traerá consecuencias no solo en el ámbito administrativo sino en el jurídico y judicial, que los legisladores desconocen", remarcó en voz alta ante el Post.
Puntualizó que la modificación de una norma "para degradar la protección ambiental la torna nula, y bastará una acción de inconstitucionalidad alegando el principio de progresividad y agregar la jurisprudencia obtenida hasta el momento para que una corte la declare inconstitucional".
Para Abraham
El ambientalista remarcó sobre el proyecto del kirchnerista Abraham quien propone sacar del texto de la ley a la intervención legislativa para aprobar los proyectos y en particular eliminar el párrafo "otras sustancias tóxicas similares".
Se sabe que la norma actual prohíbe el uso de ácido sulfúrico, cianuro y mercurio y "otras sustancias tóxicas similares".
Sosa indicó que además de incurrir en la inconstitucionalidad puede transgredir penalmente (y arrastrar a sus colegas legisladores) porque sacando ese párrafo "solo beneficia a una sola empresa y no a todo el sector minero".
Para Agulles
Sosa siguió mirando el proyecto del peronista y malargüino Agulles quien postula la creación de parques mineros por parte de los municipios para exceptuar la aplicación de la 7722 en esas parcelas avalados por la Ley de Uso de Suelo.
"Es prácticamente imposible de desarrollar la minería metalífera en parques industriales y ellos lo saben. Sobre la autonomía municipal, esta funciona en un solo sentido, es decir, que un municipio puede prohibir algo autorizado para el resto de la provincia si posee la competencia y una ley expresa que así se lo permite, pero no puede autorizar lo que la provincia prohibió para todos los municipios. Por ello entre otras razones la norma modificada también es inviable", cerró su evaluación Sosa.
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