Se trata del acuerdo por 4,5 millones de pesos en favor de un camarista laboral de Mendoza que tuvo un accidente en una mano.
El gobierno mandó a revisar millonaria indemnización a un juez
El gobierno de Mendoza pidió a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y a Provincia ART todos los antecedentes y la información del acuerdo en favor del juez camarista laboral mendocino Antonio Sánchez Rey (70), quien está a punto de cobrar una indemnización de cuatro millones y medio de pesos por un accidente laboral ocurrido el 2 de mayo del año pasado, cuando una mano le quedó atrapada en el portón de una cochera oficial. Al juez se le quedó encastrada su mano izquierda en el portón automático de una cochera judicial en la calle 9 de Julio de Ciudad y sufrió lesiones que le provocaron, según la Junta Médica y la ART, un 29 % de incapacidad permanente. Ahora, en un proceso de menos de un mes una vez ingresada la demanda, la cámara laboral que el mismo juez Sánchez Rey integra, ya a tiene a la firma el acuerdo que homologa la indemnización.
El caso provocó sorpresa por el monto y preocupación en el gobierno, por la litigiosidad que podría acarrear el incidente, o futuros acuerdos similares, en contrataciones de ART. Como el Estado es el contratante de Provincia ART para asegurar a los empleados estatales, pidió información de todos los pormenores del caso.
La historia es muy controversial. Por un lado, el juez Sánchez Rey tendría derecho a la indemnización por el accidente, pero hay dudas por el monto. Eso, porque hasta hace poco estaba en vigencia un "tope" de 97.000 pesos de sueldo para el cálculo de las indemnizaciones para empleados del Estado, lo que para el abogado patrocinante del juez, Diego Sánchez Azcona (su hijo); es ilegal. Estas diferencias quedaron plasmadas en el acuerdo que firmaron finalmente el juez accidentado y Provincia ART el 27 del mes pasado, exactamente 16 días después del primer movimiento judicial del expediente 159083 de la Quinta Cámara Civil. Ese acuerdo contempla la suma de 4,5 millones de pesos por "toda compensación" para el juez, y de 810.000 pesos más IVA para sus abogados patrocinantes, es decir, su hijo Sánchez Azcona.
La cochera en la que ocurrió el accidente.
Lo que intenta determinar el gobierno ahora es construir un "caso", luego de tres años en los que Alfredo Cornejo ha hecho más de 20 reformas judiciales profundas, incluyendo cambios de códigos procesales hasta en lo penal, oralidad civil y laboral, reformas al Ministerio Público, y una suerte de "decálogo" que da mayor margen de acción a la justicia penal a la hora de imputar y detener sospechosos. Estas reformas no siempre fueron bienvenidas, hubo numerosos conflictos con jueces diversos por la habitual parsimonia con que cierta justicia se toma los asuntos. Además, a fines del año pasado, un informe del POST publicó que el total de los jueces mendocinos se había tomado de enero a noviembre de 2017 una cantidad equivalente a 20 años de licencias. El clima entre el gobierno provincial y la justicia no es el mejor. Por eso, el caso de la indemnización a Sánchez Rey generó desconfianzas.
La pelea por el monto indemnizatorio del juez está en su sueldo. Con 97.000 pesos de "tope", la indemnización habría superado apenas el millón de pesos. Pero el juez cobra 252.000 pesos y está en el "top five" de los salarios judiciales, por encima incluso de ministros de la Corte, debido a su antigüedad, la que por una reglamentación se computa doble. Lo que consiguieron el juez y su abogado, es que Provincia ART reconozca, luego de que los alfombrasen con recibos de sueldo del magistrado, el monto que reclamaba. De acuerdo a la información con la que cuenta este diario, los trámites de reclamo empezaron después del accidente, en mayo del año pasado. Pero no fue sino a hasta setiembre de este año que se llegó a un acuerdo.
El caso tiene otros aspectos controversiales. El expediente recayó en la Quinta Cámara Civil, justamente el tribunal que integra el juez Sánchez Rey. Habría recalado allí por sorteo. "No sé... yo presenté el expediente y cayó ahí..." explicó a este diario el abogado Sánchez Azcona, quien representa a su padre en el proceso. Pero los jueces no se excusaron, salvo el propio protagonista. Eso quiere decir que los camaristas Jorge Consolini y Viviana Gil -compañeros de tribunal de Sánchez Rey- deberán homologar el acuerdo. El gobierno intenta saber si deberían haberse excusado o no. Por eso, envió a la Corte un procedimiento administrativo para averiguarlo. Quieren saber además si esa cámara laboral tuvo otros fallos igual de rápidos y por qué montos. Aunque aún no lo homologan, el expediente ingresó el día 11 de setiembre, el día 14 lo tomó la cámara, y en las listas diarias de tribunales pueden verse cinco movimientos. El último, ha sido el martes de la semana pasada, 2 de octubre. Pasó a la fiscalía.
Cornejo mandó a investigar el caso.
El expediente de la indemnización de Sánchez Rey tuvo un tropiezo de último momento. Una fiscal que acababa de jurar en su cargo, María Cecilia Aymerich, lo mandó el viernes de regreso a la Cámara para que cumplan el trámite de integrar el tribunal. Luego sí, lo estudiará para ver si corresponde su homologación. El nombramiento de la fiscal fue aprobado por el Senado el 11 de setiembre. Mandar de regreso este expediente fue una de sus primeras decisiones.
Hay otras averiguaciones en danza. Por ejemplo, en el gobierno quieren saber exactamente cómo fue el accidente. Y por qué le quedó atrapada la mano izquierda en el portón de la cochera. También cuestionarán que el proceso médico -previsto en estos casos- y la ART hayan convenido en que el accidente le haya producido el 29 % de incapacidad. Este punto es de debate. Diego Sánchez Azcona contó a este diario que su padre sufrió dos operaciones en la mano, que aún no se recupera, que sigue tratamientos, y que no puede escribir sus sentencias normalmente producto de la incapacidad que le dejó el accidente. La Junta Médica llevada a cabo por el médico Marcelo Lemme le dio ese porcentaje de incapacidad "permanente y definitivo" dice el acuerdo.
En el gobierno están indagando, además, sobre las conversaciones que hubo entre la gente de Provincia ART en Buenos Aires, y el juez o sus abogados. Creen que hubo "advertencias" de que habría serios procesos penales si la indemnización no salía por el monto reclamado.
Sobre la mecánica del hecho se conoce poco y hay versiones contrapuestas. Lo que se sabe es que el portón le apretó los dedos al juez, y que no había guardias a mano en la cochera oficial. Por eso, estuvo 20 minutos atrapado. "No perdió los dedos de casualidad" dijo el abogado Sánchez Azcona.
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