Así se puede vivir de los “ñoquis”: la otra pata de la corrupción en Guaymallén

La sorpresa que se llevó Silvia de las Mercedes Jara Torres (65) en aquella mañana de noviembre, un año y medio atrás, fue mayúscula. Había sonado el teléfono de su casa de la calle Libertad -en Villa Nueva, Guymallén- y una señorita en tono formal e imperativo le reclamaba que no había pagado en tiempo y forma la primera cuota de su crédito de 25.000 pesos, obtenido en la casa central de Provencred. Silvia se asustó, negó tener tal crédito, y habló con su hijo. La mujer, empleada municipal de Guaymallén, sospechaba de dónde podía haber salido ese “crédito” e hizo la denuncia penal. 

Y así abrió la Caja de Pandora, aquella que contiene todos los males.

La historia de Silvia no es cualquiera. Reconoció en sede judicial haber sido “ñoqui” del concejal radical de Guaymallén Daniel Centeno, de quien dijo “se quedaba con parte de mi sueldo” y además es la suegra de una dirigente en ascenso, la diputada radical cornejista Lorena Meschini. Que tampoco es una desconocida: acaba de ser precandidata a intendente del departamento prometiendo renovación y transparencia, y además es querellante en la causa que el FIT presentó contra el intendente peronista Luis Lobos por enriquecimiento ilícito, lavado, evasión, y ñoquis.

Los ovillos siempre tienen punta. La clase política, y aquí ya no importa de qué partido se trate, practica el financiamiento propio a través de “ñoquis” que dejan parte de su sueldo al dirigente, funcionario o puntero. Es una práctica espantosa pero aceptada en el mundo político aunque es penalmente punible. El artículo 174 inciso 5to del Código Penal habla del fraude al Estado. Es claro: ¿Qué otra cosa sino fraude es contratar gente que no trabaja para repartirse los sueldos? También caben los artículos 259, 266 y 267 (*). Es el diezmo para que la rueda siga funcionando, y que pague la gente. Pero en ocasiones esos límites se violan, como hizo el matrimonio Lobos-Sgró en Guaymallén, lo que les valió la frondosa denuncia que enfrentan y a la que se han ido sumando querellantes y pruebas. Pero no son los únicos.

En la historia de esta estafa, se palpa la existencia de una “cooperativa” política a través del caso de la suegra de la diputada Meschini. A la señora Silvia de las Merceedes Jara Torres no sólo le quitaban parte de su salario, lo que ella aceptaba porque de todos modos su trabajo era atender el teléfono de vez en cuando por 12.774 pesos al mes; sino que  con sus documentos y sus recibos de sueldo, obtuvieron a su nombre un crédito de 25.000 pesos en Provencred, otro de 10.000 pesos en la firma “Efectivo Sí”, y consiguieron una tarjeta de crédito del Banco Galicia, en Ciudad. Además, compraron artículos a crédito en locales del Mendoza Plaza Shopping en Guaymallén, más específicamente en Falabella. 

Y eso es lo que se sabe porque esos créditos no fueron pagados ¿Cuántos hubo que sí se cancelaron y a nombre de qué personas? ¿Cuántas 'Silvia Jara' existen? 

¿Cuántos “ñoquis” tiene el concejal radical Daniel Centeno?

¿Y los otros concejales? Centeno, por si hace falta decirlo, no contestó los llamados, correos electrónicos ni mensajes de texto de este diario, que le hemos enviado para consultarle respecto del caso. No tiene apuro. Tampoco ha sido citado a declarar.

La estafa a Silvia Jara no es el único condimento de la historia. El expediente se encuentra en la Unidad Fiscal de Capital, fiscalía 19 que depende del fiscal Gustavo Pirrello. La denuncia se hizo el 7 de noviembre de 2013, y recayó en la fiscalía 1 de Carlos Torres, que en abril del año pasado se la trasladó a Pirrello sin imputados, ni acusados ni ninguna medida efectiva. A pesar del tiempo transcurrido, ninguno de los posibles implicados ha sido citado a declarar, y además, en la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza, que depende del Ministerio de Seguridad, demoraron seis meses una pericia sobre dos discos de video en formato DVD, que la firma Provencred entregó a la Unidad Fiscal de Capital el 24 de diciembre de ese mismo 2013, dos semanas después de la denuncia.

Ese video muestra a las personas que obtuvieron el crédito a nombre de Silvia Jara Torres, y el momento de las firmas de la documentación y de la entrega del dinero. Recién el 25 de abril de 2014, cinco meses después de la denuncia, la fiscalía 1 firmó un acta de secuestro de esos videos y trasladó la causa a Pirrello, quien pasó los discos a la Policía en junio. Luego Silvia Jara Torres se presentó como querellante, aportó pruebas, y todo siguió. En esos videos, según fuentes consultadas por este diario, aparecerían personas íntimamente vinculadas al concejal Daniel Centeno. Las sospechas apuntan a Carina Crispin, una secretaria de extremísima confianza del concejal, y a la candidata a concejal electa en las PASO Estela Baldovino, una mujer que ingresó a la lista del Frente Cambia Mendoza porque era la segunda candidata en la lista que postulaba a Pablo Narváez a la intendencia de Guaymallén en las primarias, elección en la que se impuso Marcelino Iglesias. Con que el fiscal cite a las partes, especialmente a Silvia Jara, a ver el video y reconocer a las personas que allí aparecen, el caso estará resuelto. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron, en estricta reserva, que los videos en cuestión fueron devueltos a la fiscalía el 17 de diciembre del año pasado. En resumen, pasó un año y medio desde que Provencred entregó los dos discos de DVD con la prueba de oro, y entre la Justicia y la Policía, los “durmieron”. Pasa siempre con los casos de la política.

Hay más: en los trámites para obtener los créditos truchos, aparecen domicilio y comprobante de servicios públicos y teléfonos de la ex mujer de un hermano del concejal Centeno, empleado municipal también. Por supuesto hay un lugarcito en esta historia para Luis Lobos y Claudia Sgró. Al intendente, que aún era sólo presidente del Concejo Deliberante, le pidieron informes sobre quiénes eran los responsables de retirar los bonos de sueldo de Silvia Jara. Y a ella la sindicaron como la encargada de entregarlos. Lobos hizo contestar por medio de Recursos Humanos de la Municipalidad con un texto inútil donde nunca precisó lo que le preguntaban, encubriendo a quienes se quedaban con los recibos de la mujer, que no eran otros que el propio radical Centeno y su secretaria. La cooperativa, a full.

El caso

Silvia Jara Torres hizo la denuncia el 7 de noviembre de 2013, por tentativa de estafa respecto del crédito de 25.000 pesos de Provencred que nunca gestionó ni cobró. Con el tiempo la amplió porque recibió intimaciones de pago de la firma Efectivo Sí (de Capital Federal con sucursal local) por un préstamo de 10.000 pesos, y una notifiación del Banco Galicia por el cambio de su situación crediticia a la categoría 3 del sistema bancario, para deudores con moras altas. Allí se enteró Jara que había sido feliz poseedora de una cuenta crédito con tarjeta Visa en una sucursal del Galicia en la capital mendocina. En sus ampliaciones, la mujer denunció que con sus documentos compraron artículos electrodomésticos en Garbarino, Megatone y Falabella.

Más allá de estos intentos de estafa, lo que es realmente jugoso es el relato que hace Jara en sede fiscal, contando cómo Daniel Centeno y su secretaria se quedaban con parte de su salario y con sus recibos de sueldo (ver facsímil).

Estos datos no forman parte de la causa de estafa pero el fiscal Pirrello deberá abrir un nuevo expediente y girarlo a Guaymallén para una nueva investigación por esta metodología. La Fiscalía de Estado tiene parte en el asunto también, por el fraude al Estado. De hecho, se sabe que tienen el expediente y que aún se espera que allí declaren tanto Silvia Jara como su hijo Raúl Carazo (38), esposo además de la diputada Lorena Meschini.

En resumen, Silvia Jara contó en sede judicial que Daniel Centeno se quedaba con parte de su sueldo, que nunca le daban los recibos salariales a los que sólo accedían Centeno y su secretaria Carina Crispin, y varias otras irregularidades muy graves. Incluso contó que su jefe Centeno le dio un día un bono de sueldo para que tramitase un crédito personal en el Banco Nación, a lo que ella se negó porque le parecía “irregular”.

Las que siguen, son algunas de las frases más destacadas de la suegra-ñoqui de Centeno:

1. “Yo trabajaba para el concejal Daniel Centeno y éste me daba una cantidad de mi sueldo y el resto se la quedaba él, y los bonos de sueldo los tenía él en su poder”.

2. “Sospecho que Carina Crispin, que es la secretaria de Centeno, haya acompañado a quien retiró el dinero”.

Esta sola declaración de Jara compromete a Centeno y a su secretaria. Más tarde implicará también a Estela Baldovino, la candidata a concejal que el propio Centeno metió en la lista de Pablo Narváez y que Marcelino Iglesias quiere bajar, por la denuncia y posible comisión de estafas como la de esta historia. A Baldivino, la suegra de la diputada Meschini la ubica en una oficina junto a Daniel Centeno y su hermano y la secretaria Carina Crispin, un día que le despareció dinero en efectivo y su DNI de una cartera. Esto, forma parte del expediente.

El 16 de junio del año pasado, siete meses después de la primera denuncia, a Silvia Jara le reclamaron un crédito de diez mil pesos de la firma “Efectivo Sí”, que nunca había tramitado. Y amplió la denuncia en la fiscalía. Antes, había denunciado llamadas intimidatorias. En una recibida ese mismo mes y cuando todo el mundo estaba con la cabeza en el Mundial de Fútbol, la llamaron:

Una voz femenina le dijo “¡¡Hija de puta, levantá la denuncia...!!” y le cortaron.

El caso amontona varias fojas más, como el ir y venir de las dos copias de DVD que muestran a las personas que en nombre de Jara tomaron el crédito de Provencred. También hay pericias caligráficas que demuestran que la firma de la suegra de Meschini y la de quienes obtuvieron los créditos en su nombre no corresponden a las mismas personas. Y hay un expediente paralelo en la Unidad fiscal de Guaymallén (el número 3.550 Fiscal c/NN por estafa) por los créditos truchos obtenidos para comprar electrodomésticos en el shopping.

Lo que ocurrió es bien sencillo. Personas que accedieron a los bonos de sueldo y al DNI de Silvia Jara Torres usaron esa documentación para hacerse de unos buenos pesos en empresas financieras, y de electrodomésticos, que se ve que les estaban faltando. Estas personas son casi con seguridad relacionadas a la oficina del concejal Daniel Centeno porque tuvieron acceso ilimitado a los bonos de sueldo de Jara. Una de estas personas, o dos, aparecen en un video que un fiscal tuvo guardado cuatro meses y otro fiscal, otros dos meses, y que la policía tuvo seis meses en su poder. Pasó un año y medio desde la denuncia y la denunciante aún no fue llamada a reconocer en el video a las personas que sacaron créditos en su nombre, y que tienen relación con la política de Guaymallén, en este caso con dirigentes de la UCR. Por si alguien no lo recuerda, Daniel Centeno tenía como práctica quedarse con una parte sustancial, cerca de diez mil pesos de los doce mil setecientos setenta y cuatro que cobraba Jara Torres. Parte de los comprobantes que se usaron para los créditos son de un domicilio que es alquilado por el hijo de Jara a una mujer que es la ex esposa de Raúl Centeno, quien a su vez es hermano del concejal y que también es empleado municipal. Cuando el hijo de Jara -Raúl Carazo, esposo de la diputada radical Lorena Meschini, fue al Concejo a encararlo a Daniel Centeno, el concejal se desentendió de todo y apuntó a funcionarios del Concejo Deliberante.

Como ven, si los fiscales no hacen lo que tienen que hacer, es porque no quieren, o porque no los dejan. 

Lo que ocurre con los ñoquis en Guaymallén es realmente vergonzoso. Un espanto. Un abuso total de los recursos de todos, a manos de unos bandidos sin límites ni escrúpulos que además estafan sin miramentos a sus propios ñoquis.

Silvia Jara se jubiló el año pasado. Pero figura como morosa de alto riesgo o incobrable por varias entidades financieras y por Falabella SA. Deberá recorrer un largo camino para demostrar que ella no recibió el dinero ni compró los electrodomésticos. Tampoco es totalmente inocente. Es la suegra de una diputada que aceptó ser ñoqui de un concejal para poder acogerse a una jubilación.

Lo que viene

El expediente Jara Torres ha estado quieto hasta que la denuncia contra Luis Lobos y Claudia Sgró y su entorno puso en alerta a la “cooperativa” de Guaymallén. Por lo que se sabe, el fiscal Gustavo Pirrello rescataría los videos de Provencred de la propia Unidad Fiscal de Capital donde parece que están desde que en diciembre los devolvió la policía, y citaría a los denunciantes y a la querella a ver la pelicula. Y reconocer -si pueden- a las personas que allí aparecen, y que según este diario ha recogido en fuentes que pidieron reserva de identidad, se trataría de Carina Crispin, secretaria de Centeno, y/o de Estela Baldovino, candidata a concejal de Centeno en la lista de Pablo Narváez. Baldovino clausuró hasta su cuenta en Facebook cuando empezaron a trascender detalles de lo ocurrido.

Lo político

El caso de la suegra ñoqui que ventila cómo su jefe concejal radical se quedó con parte de su sueldo durante siete años -algo que es ilegal- complica a Cambia Mendoza y acredita la existencia de una cooperativa de protección. La municipalidad conducida por Lobos no ha hecho nada por esclarecer este caso. Y la justicia y la policía no han sido hasta aquí muy aplicados a este expediente. Podría entenderse, sin imputados, ni presos, ni muertos. Sin embargo, lo que no se entiende es la indolencia en general de la política, con muy pocas excepciones.

La semana pasada hubo una reunión en la oficina de Alfredo Cornejo entre el candidato a gobernador del Frente Cambia Mendoza y Marcelino Iglesias, candidato a intendente de Guaymallén. También estuvieron allí Juan y Pablo Narváez. Son padre e hijo. De Narváez (concejal desde 2014) se dice que tendría cerca de 600 "ñoquis". Forman junto a Daniel Centeno parte de una “cooperativa” de la que todo el radicalismo sabe su existencia, y si no, que les pregunten a Lorena Meschini que los enfrentó y a Marcelino Iglesias. Pero la dirigencia radical ha preferido convivir con este tipo de maniobras. Eso incluye a los últimos presidentes partidarios como César Biffi, el propio Cornejo o Sergio Pinto, y a los últimos candidatos a gobernador. ¿Nadie sabía de los ñoquis de Guaymallén? ¿Nadie sabía de las maniobras groseras de Lobos y su entorno? ¿Dónde estaban cuando se hicieron las listas? 

El radicalismo hizo un largo silencio respecto de la corrupción en Guaymallén. Apenas Marcelino Iglesias y Cobos se animaron a hablar de las denuncias contra Lobos y su entorno. Lorena Meschini fue más allá al constituirse en querellante, y ahora se complicó con el caso de su suegra-ñoqui de Centeno, encima estafada. A la diputada la salva que no estuvo de acuerdo con el particular "contrato" entre su suegra y Centeno, cuando se enteró de su existencia.

Fuera de la UCR, sólo el FIT puso el cuerpo. El resto tardó meses, hasta tener las elecciones encima, para ocuparse. Los radicales solo lo hicieron cuando sus propios militantes arriesgaron el físico, la seguridad y la vida en Guaymallén, enfrentando a patotas hostiles, agresivas y a veces, armadas.

Para Alfredo Cornejo el caso es un problema porque en la lista que encabezará hay una candidata a concejal sospechada de participar en la estafa a la suegra de Meschini. Se trata de Estela Baldovino, que se niega a renunciar a integrar la nómina. Cornejo quiere ordenar la provincia con transparencia. Deberá empezar por los concejales y candidatos a ediles de su partido en Guaymallén.

Marcelino Iglesias, que es el candidato a intendente, no quiere saber nada con Estela Baldovino ni con Daniel Centeno, porque ello le impide hablar de la corrupción en el departamento y además le debe cierta lealtad a Lorena Meschini, quien luego de perder en las PASO se alineó con los ganadores. El ex presidente de la OSEP, si es intendente, lo primero que hará será pedir la renuncia del concejal “ñoquero” Daniel Centeno. El hombre tiene un par de años de mandato más, pero Iglesias no lo quiere ni un minuto en la banca si llega a la intendencia. Para todos estos dilemas, tendrá que haber solución política, porque la justicia aún ni se ocupa de la denuncia de Silvia Jara contra su ex jefe Centeno. 

La “cooperativa” es un medio de vida. Se hacen negocios, se reclutan ñoquis a los que se les cobra gran parte de su sueldo, y si andamos cortos de efectivo, se sacan créditos en su nombre. Ya se sabía que hay parte del peronismo, el de Lobos, implicado. Ahora, radicales. Y hay más. Algunos miembros de la “Cooperativa”, incluso por afinidad o porque han hecho un negocio, viven en el mismo coqueto edificio de departamentos en la calle Bandera de los Andes.

¿No es hermoso, todo esto?

Referencias del Código Penal (*): 

ARTICULO 259. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

ARTICULO 266. - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. 

ARTICULO 267. - Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años. 

ARTICULO 268. - Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.​