Los proyectos de los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Agulles para modificar los alcances de la 7722 generaron revuelo. Discreto apoyo del gobierno.
El plan político para reactivar la minería en Mendoza
Funcionarios del gobierno de Mendoza y legisladores clave del oficialismo comenzaron a operar, con mucha discreción, en favor de dos proyectos de ley presentados por legisladores del justicialismo, que permitirían atenuar las restricciones de la ley 7722 para la práctica de la minería en Mendoza. Los proyectos son bien distintos. El del senador kirchnerista Alejandro Abraham, le quita a la Legislatura el "poder de policía" para aprobar o rechazar las declaraciones de Impacto Ambiental de cada proyecto minero. Fueron las discusiones legislativas lo que en la práctica trabaron los proyectos de cobre de San Jorge, y el de Hierro Indio en el sur provincial.
El proyecto de Abraham propone borrar además y de un plumazo ciertas arbitrariedades de la 7722, como por ejemplo referirse a sustancias "similares" al ácido sulfúrico, el cianuro, y el mercurio para prohibirlas en un sentido amplio. En la química, no existen los "similares". Un elemento "es", o no es. Un átomo más o menos cambia sustancialmente la conformación de los elementos. Este proyecto que Abraham presentó el viernes en soledad y en silencio para no comprometer a Unidad Ciudadana, es observado muy atentamente por el oficialismo y aún no fue girado a las comisiones.
La minería de los áridos también está contemplada en los nuevos proyectos
El otro proyecto en danza es mucho más agresivo. La iniciativa presentada por el ex intendente de Malargüe, Juan Agulles, directamente deroga la 7722 en zonas a las que llama "parques mineros". Da una vuelta dialéctica, al reafirmar las prohibiciones que establece la 7722, la "ley del agua" recientemente ratificada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; en zonas cuya protección ya está garantizada por el Código de Minería de la Nación. El proyecto de Agulles tiene estado parlamentario desde el 18 de setiembre y ha pasado casi desapercibido. Fue guiado a distintas comisiones y actualmente está en la de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda.
Ambos proyectos son seguidos atentamente por el oficialismo, que ya "opera" en silencio. Se sabe, por ejemplo, que uno de los senadores de máxima confianza del gobernador Alfredo Cornejo estuvo en comunicación el fin de semana para que el intendente de Alvear, el radical Walther Marcolini, no se ponga a la cabeza de las protestas. El mismo senador habló con Jorge Difonso, el intendente demócrata del massismo aliado de Cambia Mendoza. Se sabe la "piel" que políticos sancarlinos y alvearenses tienen con la minería. Se opondrán prácticamente a todo, ya que en sus territorios funcionan las "asambleas" del agua más reactivas a la minería en cualquiera de sus formas. Fue en San Carlos donde ocurrieron, meses atrás, las protestas más duras contra el fracking, al punto que hubo incidentes, detenidos, e imputados. Difonso ya protestó en público por ambos proyectos.
Senador Alejandro Abraham.
"Nada hay más importante que discutir la matriz productiva de la provincia" dijo elípticamente un legislador de la UCR cuando se le preguntó si acompañarían los proyectos de Alejandro Abraham y Agulles. Este último, también firmado por Abraham y por la senadora Silvina Camiolo.
Nadie lo admitirá. Pero la subsecretaría de Energía y minería de la Provincia comandada por Emilio Guiñazú Fader, ha hecho aportes a ambos proyectos. Ello asegura que la nueva discusión minera será -otra vez- horizontal, con ciertos condimentos políticos muy fuertes. Abraham es de Unidad Ciudadana. Los jóvenes kirchneristas más destacados se opusieron al fracking, aunque Cristina es pro minera. A la vez, en el espacio "Podemos" abrevan el ciurquismo, el ex PD Omar Parisi, ahora peronista, y el ex azul Jorge Tanús, de reciente fe cristinista. Agulles es peronista siempre fue pro minero. No tiene conflicto con ello, y reporta a los hermanos Emir y Omar Félix. En la UCR, habrá legisladores que por su pertenencia territorial no apoyarán cambios a la 7722. Pero otros, lo votarán con ambas manos. En el oficialismo dicen tener, por otra parte, los votos que necesita la ley de Abraham para salir adelante, y quitarle a la Legislatura el poder de decidir sobre las DIA. La iniciativa, contempla además afectaciones específicas de fines sociales y productivos. Puede leerse completa aquí:
Y el que sigue, es el proyecto de Agulles que crea "Parques mineros", una suerte de zonas donde la 7722 no tendría jurisdicción:
Lo más probable es que ambas iniciativas se transformen en un solo proyecto de ley.
La pregunta política, ahora, es hasta dónde está dispuesto a avanzar el gobernador Alfredo Cornejo, sin comprometer la paz social ni generarse piquetes violentos en las rutas o incluso en la Ciudad de Mendoza. La respuesta la da un hombre del oficialismo: "Hasta aquí. Es decir, a que la Legislatura no tenga que intervenir en el Impacto Ambiental. Alfredo no va avalar ninguna otra tontería".
Hay que ver cómo avanza ahora la discusión política. El proyecto de Agulles -que crea los parques mineros donde la ley 7722 quedaría derogada de hecho- lleva unos diez días de ventaja sobre el de Abraham. Pero ambos se tratarán en las comisiones con el acuerdo del oficialismo. La idea es avanzar cuanto se pueda, ir midiendo la "licencia social", y buscar una sanción antes de fin de año, lo que sería revolucionario.
Cornejo en el puesto de Irrigación en el Parque, el sábado.
Es cierto que la ley de Abraham, por ejemplo, no deroga el uso del ácido sulfúrico. Si esta sustancia que se usa ampliamente en fertilizantes y plaguicidas fuese permitida, habría media docena de explotaciones de cobre listas para comenzar. Y ello, aparte de San Jorge, que para separar el cobre usa un método de flotación que no implica ácido sulfúrico ni otros contaminantes. Tampoco cianuro o mercurio, prohibidos por la 7722.
Como contamos ayer en nuestra columna política, los rusos de Aterra comenzaron nuevos estudios de impacto ambiental, y la provincia estaría avanzando con un complejo estudio hidrológico en la cuenca de El Yalguaraz, y en el arroyo El Tigre. Aterra les compró a los canadienses de Coro Minning el proyecto San Jorge. Los propietarios originales vendieron y se fueron, hartos de los devaneos mendocinos con la minería.
Otro de los proyectos que comenzó discretamente a "moverse" es el de Hierro Indio, en Malargüe. A punto estuvo de ser aprobado, pero en noviembre de 2014 fueron el radicalismo que hoy es gobierno, el Partido Demócrata, el Frente Renovador y la Izquierda los que lo bloquearon en la Legislatura, contra un peronismo que empujaba su aprobación. Ahora están haciendo nuevos estudios de impacto ambiental.
En el ministerio de Economía de la provincia hay un entusiasmo moderado con las iniciativas de los peronistas. "Las estudiaremos..." admiten. La formalidad sobra. La subsecretaría de Energía las conoce en profundidad.
Las chicanas políticas ya empezaron. Ayer mismo, el senador Abraham repartió un abundante comunicado en el que defiende la necesidad de modernizar la 7722, y de rescatar a la Legislatura como ámbito central de debate.
La discusión minera está llena de hipocresías. Si una ley prohibiese totalmente el ácido sulfúrico no habría con qué fertilizar el agro lo que hoy aún se hace cerca de los ríos. No hay asambleas del agua contra ese uso.
En este debate, a un año de las elecciones, todos toman riesgos. Los senadores que impulsaron los cambios, el gobierno que busca medir hasta dónde puede acompañar, tratando de quebrar la resistencia antiminera, y quienes se oponen; en un arco social donde quienes no están radicalizados en protestas absurdas y últimamente violentas, ven más peligro en la pobreza que en la minería. ¿Qué es más contaminante?
Las organizaciones empresarias mendocinas están alineadas con la necesidad de impulsar la minería. Se apoyan en cifras, en datos contundentes. El año pasado, según el Indec, Argentina exportó por unos 57.879 millones de dólares. El crecimiento de nuestras exportaciones fue menor al 1 %, cuando las ventas externas de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia crecieron más del 10 % respecto de 2016. Argentina exporta el 26 % de lo que vende Brasil, y el 16 % menos que Chile, que sin embargo tiene una economía más chica. Todos nuestros competidores de la región hacen minería.
El 49 % de las exportaciones chilenas del año pasado, fueron embarques de cobre. Y compartimos la misma cordillera.
Mendoza tiene casi medio millón de pobres en toda la provincia, proyectando las cifras dadas a conocer por el Indec la semana pasada, para 31 conglomerados urbanos del país. Casi uno de cada tres mendocinos es pobre, con exportaciones que en diez años cayeron 15 %, de acuerdo a un informe dado a conocer hace poco más de un mes por el Consejo Empresario Mendocino.
Con semejante contexto, no darnos la oportunidad de debatir la matriz productiva es de un auto boicot incomprensible. Lo mismo que negarse a discutir cómo hacer de la minería una actividad sustentable, no contaminante del agua de riego y consumo, como ocurre en distintos lugares del mundo.
Habrá que ver si la política logra avanzar de modo razonable, sin estridencias, con debates técnicos, ambientales y científicos, o se deja llevar una vez más por los que gritan, y que generan miedos irracionales. Como al Futre, o al chupacabras.
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