Para Aníbal Fernández, el conflicto mapuche parece ser lo normal

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, posteó una catarata de tuits dedicados al conflicto que se vive en Río Negro con grupos mapuches y dijo, además, que envió gendarmes por "solidaridad" y no porque sea obligación del gobierno. 

"Río Negro nos importa y mucho". Esa fue la consigna que repitió Aníbal Fernández en una serie de posteos alusivos al envío de agentes de Gendarmería Nacional a la provincia patagónica. De esto modo, el funcionario busca poner fin a la discusión en torno a la colaboración estatal para el control del problema.

En total, fueron 8 las fotografías y videos que Fernández difundió. En todos se observa a personal de la fuerza federal patrullando las calles, comercios y rutas rionegrinas. La frase que los aglutina es la misma: "Río Negro nos importa y mucho".

A través de las publicaciones, el ministro intentó hacer foco en el aporte del Gobierno para garantizar la seguridad en la provincia luego de los recientes ataques adjudicados a comunidades mapuches, entre los que se destacó la incendio intencional en un club en El Bolsón.

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Tras observar los "desmanes" acontecidos, Fernández señaló esta semana que la intención de su cartera era la de "colaborar" con la provincia patagónica. "Y eso hicimos. Enviamos de inmediato tropas para que patrullaran la zona, encontrándole la alternativa más simple para todos", aseveró en declaraciones radiales.

Sin embargo, fue la justificación del envío de esas tropas la que desató una polémica que terminó por soslayar el apoyo con agentes de gendarmería a Río Negro. Es que, según el funcionario, el envío de las fuerzas federales fue un acto de "solidaridad" y no implicó el cumplimiento de "ninguna obligación" por parte del Estado, como había reclamado la gobernadora local, Arabela Carreras en una carta enviada al propio ministro.

"La escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación enviar tropas. No señora, no es nuestra obligación. Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad", replicó Fernández.

En los mismos términos se expresó posteriormente el presidente Alberto Fernández, que en una carta en respuesta al pedido de apoyo de Carreras  expresó: "Es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior". E inmediatamente afirmó que "no es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

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La polémica entre el Gobierno nacional y provincial continuó incluso tras el envío de las tropas y acaparó el eje de la discusión hasta esta mañana, cuando Carreras volvió a refutar la postura del primer mandatario y de su ministro y habló de terrorismo para referirse a la situación en la provincia.

"He hablado de terrorismo enmarcándolo en el Código Penal, ya que hay un grupo que intenta socavar el orden constitucional: subvierten el orden y buscan que los gobiernos tengamos determinadas actitudes a través de la violencia y el ataque a la integridad de las personas y sus bienes", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre y agregó: "Nosotros estamos en contra de la violencia y pedimos un Estado nacional presente".

Aun así, consideró "positivo que más allá de la carta, o del tono de la carta, que son cuestiones subjetivas, hayan llegado fuerzas federales" a Río Negro e insistió: "El gran debate es lograr que se comprenda la envergadura del problema. Hablamos de delitos federales de larga data y que exceden a los límites jurisdiccionales". Ante esta situación, señaló que la responsabilidad de solucionar estos conflictos es "conjunta" entre el gobierno local y el nacional. 

Fuente: La Nación

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