Esta vez es de una misión de la ONU, que da cuenta de represiones y detenciones ilegales sistemáticas del régimen de Nicolás Maduro.
Otro informe denuncia delitos de lesa humanidad en Venezuela
El último informe publicado este martes por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de intensificar sus esfuerzos para reprimir toda oposición pacífica. El documento describe la situación actual como una de las peores crisis de derechos humanos en la historia reciente del país.
La misión, que investigó la situación entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, documentó numerosas violaciones y crímenes, incluyendo el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas. Según el informe, estas no son acciones aisladas, sino parte de un plan coordinado para silenciar y reprimir a la oposición. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, advirtió que este patrón represivo es una continuación de lo que ya se había caracterizado como crímenes de lesa humanidad, pero ahora con una gravedad y sistematicidad alarmante.
La ONU denunció que los delitos de lesa humanidad son "sistemáticos"
La represión en cifras
El informe de la ONU subraya que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó ganador, la represión alcanzó niveles sin precedentes. Según el documento, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza se dispararon en respuesta a las protestas organizadas por la oposición, que denunció el fraude electoral.
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Durante el mes de julio, la misión registró más de 120 arrestos durante eventos de campaña opositora. Tras las elecciones, en la primera semana de protestas, se detuvieron más de 2.000 personas, entre ellas más de un centenar de niños, algunos de los cuales fueron acusados de terrorismo e incitación al odio. El informe detalla que los procedimientos penales contra estas personas violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.
Además, una de las conclusiones más preocupantes del informe es que el sistema judicial venezolano responde directamente a los intereses del Ejecutivo. El Tribunal Supremo se ha convertido en una herramienta clave para reprimir cualquier forma de oposición, lo que deja a los ciudadanos indefensos ante el poder arbitrario del Estado.
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