Rocío San Miguel, militante por los Derechos Humanos, fue secuestrada el lunes y ayer declararon su detención en el Helicoide, un lugar conocido por ser centro de torturas del régimen.
Maduro envió a una activista a la cárcel más cruel de Venezuela
Los tribunales venezolanos apresaron a la reconocida activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y fue enviada al Helicoide, la prisión donde más torturas y desapariciones se han registrado.
Tras ser detenida el pasado viernes, los tribunales decretaron su privación de libertad bajo la acusación de estar "presuntamente vinculada" a una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas, según confirmó uno de sus abogados este martes.
José González Taguaruco, uno de los representantes legales de San Miguel, informó sobre la decisión judicial: "El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano". Además, señaló que San Miguel se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas, describiendo este lugar como "la prisión más cruel del régimen", donde varios presos políticos han denunciado el uso de torturas por parte de las fuerzas del Estado.
La defensa también confirmó la privación de libertad contra Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista, cuyo lugar de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó estas medidas y detalló que San Miguel fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, donde se solicitó una medida privativa de libertad por la "presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación". Asimismo, se solicitó prisión preventiva para González Canales por "presunta" revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Saab aseguró que tanto San Miguel como sus familiares están "presuntamente involucrados" en la trama conspirativa denominada 'brazalete blanco', cuyo objetivo era "atentar contra la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios".
La detención de San Miguel ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), conformada por 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, condenó las "desapariciones forzadas" de opositores venezolanos, entre ellos dirigentes del partido Vente Venezuela y la propia San Miguel. En un comunicado, los ex mandatarios calificaron estas acciones como "desviaciones de la conducta humana y política" y alertaron sobre la similitud con "experiencias totalitarias" del pasado.
Organizaciones internacionales como la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, junto con cientos de ONG locales, han expresado su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos fundamentales.
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