El Poder Judicial dictamínó que el expresidente de Perú continúe un año y medio en prisión preventiva. Las protestas tras la destitución han dejado al menos 15 muertos.
Pedro Castillo seguirá detenido por 18 meses
El expresidente de Perú, Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, mientras continúan las protestas, que ya suman 15 muertos.
El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó este jueves por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial, según informa Télam.
Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado. En el Congreso, en tanto, se debatía el adelantamiento de las elecciones propuesto por la presidenta, Dina Boluarte.
"Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", remarcó Boluarte en un acto, al exhortar al Congreso.
Al menos 15 personas fallecieron durante las protestas que se realizan en distintos puntos del país luego de la destitución del expresidente Castillo, tras la confirmación de las autoridades de siete muertos en la ciudad de Ayacucho en el primer día del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo nacional.
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó en un comunicado que siete personas murieron y otras 52 personas resultaron heridas en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad cuando trataban de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte.
El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros del Interior y de Defensa, César Cervantes y Luis Alberto Otárola, respectivamente, por lo ocurrido en su jurisdicción.
"Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo", señaló el Ejecutivo local, según un comunicado que reprodujo el medio local RPP.
La Policía Nacional del Perú respondió con un llamado a los habitantes de Ayacucho para "evitar acciones contra el orden democrático". En tanto, la presidenta Boluarte trasladó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos: "Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos".
Ver: Perú extiende el estado de emergencia a todo el país y saca al Ejército
Con la confirmación de las autoridades de Ayacucho, el balance de muertos por las protestas se elevó a 15 personas, aunque la oficialización tardía de los fallecimientos genera confusión en el número real.
Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ver: Pedro Castillo agradeció el respaldo del Gobierno argentino