El organismo internacional expresó que hay un "plan" para atacar a los detractores.
Para la ONU, Maduro usa todo el aparato estatal para reprimir a opositores
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, bajo un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro, reprimen a la oposición mediante detenciones arbitrarias y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad, mostró el martes un informe de las Naciones Unidas.
El reporte de 122 páginas detalla que las funciones y aportes de varias personas en la cadena de mando de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dependen del presidente Maduro.
Tanto el SEBIN como la DGCIM "hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos" al menos desde el 2014 y "las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy", agregó la misión sobre Venezuela, conocida como MIIV, en un comunicado.
El informe se basa en 471 entrevistas realizadas por la misión desde 2020 y hasta abril a víctimas, familiares, representantes legales, al menos medio centenar de personas que trabajaron para el SEBIN o la DGCIM u otras entidades del gobierno, así como representantes de ONG, entre otros.
"Opositoras y opositores al gobierno, reales o percibidos, y familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura", dijo la misión.
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Entre esos actos figuran "golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; mutilaciones (...) alimentación forzada con heces y vómito", agregó.
Sostuvo que "varias fuentes (...) con conocimiento directo de los procesos de toma de decisiones dentro de la DGCIM, le dijeron a la Misión que el Presidente Maduro es quien da órdenes directas a (el general Iván) Hernández Dala (director de la DGCIM), las que se transmiten en persona o por teléfono, nunca por escrito". El Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato a una petición de comentarios.
Los perfiles de los detenidos "son claramente indicativos de que su victimización respondía a un plan. Entre las víctimas se encuentran oficiales militares supuestamente implicados en intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno, así como oficiales respecto de quienes, debido a su liderazgo, se consideraba que representaban tal riesgo", además de activistas sociales, políticos opositores o trabajadores de ONG.
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El informe de la Misión también detalló que en las zonas mineras, donde el gobierno busca más ingresos, se comenten violaciones de derechos humanos:"La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante".
"Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro", añadió, tal como reprodujo la agencia Noticias Argentinas.