La Ley del régimen teocrático iraní continúa ejecutando gente, fundamentalmente con motivos políticos contra el régimen gobernante, pese a los intentos internacionales porque cesen estos castigos.
Ola de ejecuciones en Irán: 11 presos fueron ahorcados por delitos comunes
El régimen islamista de Irán continúa aplicando la pena de muerte en la horca a personas presas por delitos menores, como delitos por razones políticas, y delitos relacionados con drogas y homicidios, en su intento por evitar crímenes y mantener un férreo control de lo que sucede en su país.
En las últimas horas, el régimen iraní ejecutó a 11 personas en distintas ciudades del país, a ser ahorcadas por distintos delitos. Entre los ejecutados, hubo una mujer.
Estos hechos volvieron a despertar la alerta internacional, que viene presionando para que estas prácticas, que están contempladas en su Ley, dejen de practicarse. Sin embargo, el gobierno teocrático ha hecho caso omiso a las advertencias internacionales y de los organismos de derechos humanos.
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En la prisión de Yasuj fue ejecutado un joven de 25 años, identificado como Saman Karimi, quien había sido condenado por homicidio premeditado. Sin embargo, activistas de derechos humanos habían denunciado irregularidades en el proceso judicial del detenido.
Por otro lado, en la prisión de Tabriz, fueron ejecutados Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de 45 años. Ambos habían sido juzgados y condenados por delitos relacionados al tráfico de drogas.
En la tercera prisión, Zahedan, se ejecutó a Mohammad Nabi Papalzehi, un hombre oriundo de Afgansitán, también acusado de delitos relacionados con drogas. También su proceso legal fue denunciado por presentar irregularidades.
Además, el régimen condenó a una mujer kurda, la activista de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, por el delito de "rebelión armada contra el Estado".
Amnistía Internacional y diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado las prácticas abusivas del régimen, que busca silenciar a personajes enfrentados ideológicamente con el gobierno. Además, denuncian que existe un exceso del uso de esa pena, en casos de delitos de drogas. Señalan que Irán la utiliza como herramienta de represión con minorías y que el sistema judicial iraní carece de garantías.
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