Una misión internacional en la que participó la ONG mendocina Xumek publicó un informe. Aseguran que hubo asesinatos a manos de la Policía, detenciones arbitrarias y desapariciones en el país presidido por Guillermo Lasso.
Denuncian violación de DDHH en Ecuador durante el estado de excepción
Desde el 24 al 28 de junio, distintas organizaciones, partidos políticos y gremios realizaron una Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos en Ecuador. Entre quienes integraron dicha misión estuvo Pablo Garciarena, integrante de Xumek - Asociación Civil por la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos. Se trata de la misma misión que trabajó en Colombia y en Bolivia anteriormente.
En esta ocasión, la misión intervino ante lo que denuncian que es una sistemática represión policial, militar y parapolicial y violación de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, a cargo del presidente Guillermo Lasso, después de la declaración del estado de excepción, el cual fue levantado el sábado por la noche.
En un informe preliminar dado a conocer este miércoles 29, la misión constató que el Estado de Ecuador cometió graves delitos de lesa humanidad, pudiendo clasificarlos de tal manera debido a su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil. Entre los hechos de mayor gravedad, se verificó que al menos 5 personas fueron asesinadas a manos de las fuerzas policiales mientras que otras 132 fueron detenidas arbitrariamente.
"Líderes y lideresas indígenas y sociales fueron secuestradas y perseguidas y se han planificado atentados contra su integridad", reza también la nota difundida por Xumek. Agrega que las fuerzas policiales, militares y parapoliciales amenazaron al personal voluntario de salud en las zonas de paz. Además, la Misión recolectó información y testimonios que dan cuenta de 6 casos de desaparición de personas.
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Estos hechos ocurrieron luego de que el Estado de Ecuador declarara el estado de excepción, con un gran despliegue policial y militar, ante el paro nacional convocado por tiempo indefinido por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) desde el 13 de junio de 2022.
Entre los reclamos de la ciudadanía que se sumó a esta medida se encuentran la no precarización de la jornada laboral; el control de la especulación de precios; un presupuesto digno para la salud y educación y la generación de políticas públicas de seguridad.
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Xumek exigió al Estado Ecuatoriano "que haga cesar los actos de violación de Derechos Humanos de su población y que se proceda a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales necesarias para obtener la reparación integral del pueblo Ecuatoriano, a través de la Verdad y la Justicia".
La misión estuvo integrada por Pablo Garciarena (Xumek), María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Nicolás Tauber Sanz (Liberpueblo); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores) y Melisa Gargarello (FOL).