El reciente fallo judicial en Texas ha generado una ola de preocupación entre miles de familias en Florida y otros estados de EEUU con amplia presencia de latinos.
La Justicia de EEUU suspendió un programa clave para obtener la ciudadanía
El programa "Parole in Place" (PIP), una medida introducida por la administración Biden, permitía a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que se encuentran en situación migratoria irregular, permanecer en el país mientras procesaban sus solicitudes de residencia. Esta política ha sido una tabla de salvación para muchas familias, evitando las dolorosas separaciones que suelen acompañar los procesos de regularización.
Sin embargo, el programa ha enfrentado una fuerte oposición. Fiscales generales de 16 estados, liderados por Texas, presentaron una demanda alegando que el PIP incentivaba la inmigración ilegal al otorgar beneficios significativos a quienes habían entrado al país sin la documentación adecuada.
En respuesta a esta demanda, el juez federal J. Campbell Barker emitió una orden de suspensión temporal, bloqueando la aceptación de nuevas solicitudes bajo el PIP por al menos dos semanas.
Este fallo ha dejado en incertidumbre a muchas familias en Florida que ya habían comenzado sus procesos bajo el PIP. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación, temiendo que esta pausa sea solo el primer paso hacia la eliminación completa del programa.
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, criticó duramente la decisión, destacando que el futuro de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes no debería depender de la política migratoria de un solo estado.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha guardado silencio respecto a la suspensión, aumentando la ansiedad entre las familias afectadas. Estas, que ya habían recibido confirmación de la recepción de sus solicitudes, ahora enfrentan un futuro incierto.
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La demanda presentada por los estados no solo aborda el PIP como un tema de derechos de los inmigrantes, sino también como una cuestión altamente politizada. Los opositores acusan a la administración Biden de utilizar este programa para obtener beneficios políticos, y sostienen que la política ignora la autoridad del Congreso en la regulación de la inmigración.
Con la pausa temporal en vigor, el futuro del Parole in Place pende de un hilo. La administración Biden enfrenta ahora un desafío significativo: defender esta política en tribunales o arriesgarse a perder una de las medidas más importantes para la protección de las familias inmigrantes en los últimos años. Mientras tanto, miles de familias en Florida y en todo el país permanecen en un estado de angustiosa espera, sin saber si podrán mantenerse unidas en territorio estadounidense.
Este es un momento crucial para la política migratoria en Estados Unidos, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener un impacto duradero en el futuro de innumerables familias.
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