Mendocino preso en El Salvador: qué implica el "Estado de Excepción"

 La detención del joven mendocino Alejo Arias González en la República de El Salvador, hace unas semanas, destapó las condiciones que transitan los detenidos por un régimen de mano dura comandado por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele.

Debido a un largo historial de décadas de violencia, El Salvador está transitando un gobierno en el que se está librando una guerra contra las denominadas "maras", las pandillas de delincuentes que han actuado con suma libertad en ese país en los últimos 30 años.

Bukele decretó un Estado de Excepción que avasalla garantías constitucionales para darle rienda suelta a los efectivos de las fuerzas de seguridad y así lograr detener a miles de personas solo con la sospecha de estar envueltos en actividades ilícitas. 

Se estima que de las 65 mil detenciones que se han realizado en los últimos meses, hay varios miles de inocentes que aún esperan por su liberación o su lectura de cargos. 

Ante este estado de situación se encuentra Alejo Arias González, quien viajó a El Salvador en abril para trabajar en una empresa financiera que resultó ser ilegal. Fue arrestado junto a otras 100 personas en julio y su familia no tiene novedades sobre su situación. 

Para entender un poco mejor cómo funciona el sistema judicial - penal de El Salvador, en estos momentos de Estado de Excepción, Mendoza Post se comunicó con un prestigioso y reconocido abogado salvadoreño, quien explicó los pormenores del accionar de la justicia en ese país. 

El abogado explica que el Estado de Excepción es un instrumento que "la Constitución contempla como algo excepcional y temporal", aunque, a lo largo de estos 15 meses se ha convertido "en una situación prácticamente indefinida y permanente". 

La situación generada por esta guerra a las maras, ha provocado situaciones difíciles con personas inocentes que han sido detenidas de igual manera. "Es una situación compleja porque, aunque de alguna manera se han observado algunos beneficios puntuales por haber hecho redadas de personas que pertenecían a grupos de delincuencia, también es cierto que se ha generado una detención de personas que definitivamente no han tenido esa participación y han sido detenidas por diferentes circunstancias", explicó el abogado.

Con esta situación provocada por este Estado de Excepción, se han realizado muchas detenciones de personas, "debido al abuso de autoridad, o a veces, simplemente por el hecho de criminalizar apariencias físicas, lugares de residencia y situaciones por el estilo", manifestó el profesional.

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La actualidad de El Salvador marca que "cualquier persona detenida, salvo en casos de flagrancia (que lo atrapen infraganti), debe ser sometida a investigación.", explica el abogado, pero aclara que "en la situación actual, la Justicia está colapsada. Debido a las masivas detenciones, de cientos o miles de personas, los tiempos procesales de la Justicia no se respetan y es por eso que los procesos se alargan enormemente", añadió. 

La fuente consultada es un profesional de referencia en su país y explicó que "el Estado de Excepción decretado ha provocado que los jueces no den abasto en el tratamiento de tantos casos a la vez. Ya sea por falta de experiencia en grandes cantidades de casos, como también en oleadas de detenciones que hacen imposible que los jueces se interioricen en las pruebas y en la situación de cada detenido". 

La actualidad del sistema judicial salvadoreño conlleva una serie de violaciones a los derechos humanos, provocados, en parte, por el colapso de la institución judicial y, por otro, a la decisión política de arrasar con los grupos y pandillas delincuenciales, a costa de los derechos humanos. 

La administración liderada por Nayib Bukele se enorgullece de los logros en cuanto a cantidad de detenciones, erradicación de las pandillas de las grandes ciudades y disminución radical de los índices de violencia y homicidios. Sumado a esto, resaltan como un gran logro la construcción, en tiempo récord, de la cárcel más grande del mundo, con capacidad para 40 mil detenidos, que viven en celdas oscuras y sobre camas de hormigón. 

En este estado de situación, el gobierno de Bukele ha arrasado con algunos derechos básicos, como los tiempos constitucionales de detención de una persona, que han pasado de 72 horas a 15 días, como mínimo. Además, se vulnera también el derecho a la defensa, ya que, en la gran mayoría de los casos, al demorarse los procesos, se demoran las lecturas de cargos y, por ende, las audiencias de defensa, por lo que los detenidos pueden pasar meses sin poder defenderse. Sumado a esto, está la dificultad de conseguir un defensor público o un abogado para que tome los casos. 

"No existe forma que las abogadas y abogados tengan contacto con sus defendidos y defendidas y porque hay hermetismo en los actos de investigación ya con la persona detenida. El cual es una afectación al derecho a defensa porque no hay una forma de controlar o de controvertir los hechos y la persona prácticamente es en automático que queda detenida", comentó el letrado salvadoreño, quien agregó que "menos del 1% de las personas que son sometidas a esta primera audiencia tienen oportunidad de obtener medidas sustitutivas a la detención provisional, entonces prácticamente es en automático y a eso le agrega que se han extendido los plazos de las investigaciones y los procesos, pudiendo durar de 6 meses a un año, como mínimo".

En el caso puntual de Alejo Arias González, quien cayó detenido como integrante de una banda colombiana que se dedicaba, de manera ilegal, al negocio financiero, la situación se torna más compleja. El abogado explicó que, en un Estado normal, de plena vigencia de la Constitución de El Salvador, los detenidos extranjeros pasan por un proceso de investigación, para corroborar si efectivamente son extranjeros, en cuyo caso, se da aviso a las autoridades consulares de ese país y se le designa un defensor público. El problema está en que hoy en día no alcanzan los defensores públicos para la cantidad de detenidos. 

El abogado explica que una vez que una persona es detenida, es potestad de la Policía Nacional y luego de la Dirección General de Centros Penales, la decisión de a cuál centro de detención se traslada a una persona, "justificando la decisión en virtud de a qué se dedicaba esa persona, por razones de seguridad", explicó. 

La situación de Arias González se tornó compleja en el país centroamericano, debido a que estuvo incomunicado por algunas semanas y ni siquiera su abogada podía acceder a la información sobre dónde estaba detenido. 

En la situación del joven mendocino hay situaciones que vale la pena analizar. A pesar de que fue detenido acusado de integrar una banda de crimen organizado, la familia sostiene que Alejo es inocente y que fue engañado. Esto, según la fuente consultada, "es altamente probable". "El problema es que estas pandillas de crimen organizado, frecuentemente se nutren de personas que actúan de buena fé, engañadas o manipuladas para realizar tareas, sin conocer que se trata de actividades ilegales o prohibida", explicó el abogado, y añadió que "existe una alta posibilidad que este joven realmente haya sido reclutado para fines de explotación laboral y realmente pueda ser incluso considerado una víctima".

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Respecto a las críticas que ha sufrido el gobierno de Nayib Bukele por la violación de derechos humanos, en El Salvador hay  "una postura pública de descalificación de los reclamos internacionales por la situación de los derechos humanos". Si bien eran necesarias tomar decisiones en torno a la delincuencia, "la popularidad del Presidente del Órgano Ejecutivo hacen que se legitimen acciones, como las detenciones masivas en las que incurre el gobierno", expresó el abogado salvadoreño.

Por último, nuestra fuente resaltó que "en la situación actual que atraviesa El Salvador, el Estado de Excepción ha provocado una modificación en los tiempos de la Justicia y ha provocado que no se respete del todo la Constitución, que expresa claramente que cualquier persona es inocente hasta probar lo contrario. Si bien la Constitución sigue vigente, si se exceptúan leyes debido a lo decretado por el presidente, que afectan garantías de los presos en nuestro país", concluyó el letrado salvadoreño.