Los puntos polémicos del proyecto constitucional que vota Chile el domingo

Luego del contundente respaldo ciudadano en favor de cambiar la Constitución de Chile, la elección de una convención mayoritariamente de izquierda en el 2021 derivó en una negativa aplastante a la primera propuesta constitucional el año pasado y, ahora, el país enfrenta un segundo proceso marcado por discrepancias y desacuerdos.

El texto que será sometido a votación el próximo domingo 17 ha levantado polémicas en torno a sus normas más controvertidas que, hasta el momento, siguen inclinando la balanza hacia la negativa. 

Uno de los puntos más rechazados es el que aborda la temática del aborto. La modificación de una sola palabra, de "que" a "quien", respecto a la protección de la vida: actualmente dice "de quien" y se pretende cambiar por "del que" está por nacer. De todos modos, la ley  actual permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación.

Otro punto álgido es la posibilidad de detenciones en lugares no habilitados en el contexto de un estado de sitio. Esta disposición ha levantado señales de alarma sobre posibles abusos y violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, generando un debate acerca de los límites del poder presidencial en situaciones excepcionales.

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La eliminación del impuesto a la vivienda principal, tildada de "populista" y "regresiva" por expertos en materia fiscal, ha avivado la discusión sobre las repercusiones sociales y económicas que podría acarrear, polarizando opiniones entre sus partidarios y detractores.

De todos modos, actualmente los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto, y los que deben pagarlo son en general los propietarios de más altos ingresos.

Otro de los puntos de debate gira en torno a que la propuesta constitucional reconoce a los pueblos originarios como parte de la Nación chilena, pero omite menciones importantes presentes en la propuesta previa, como la consagración de sistemas de justicia indígena y escaños reservados en el Congreso para esta comunidad. Este vacío ha desatado críticas y ha dejado insatisfechos a diversos sectores que abogaban por un reconocimiento más robusto de los derechos de los pueblos originarios.

Finalmente, hay otra polémica por la norma que posibilita la reclusión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad.  Las organizaciones defensoras de los derechos humanos están absolutamente en contra de esta enmienda y plantean dilemas éticos y legales.

También se incluye en el proyecto un artículo que establece limitaciones al drecho a huelga y que genera debate: "no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país".

Qué dicen las encuestas

Las encuestas reflejan una tendencia contraria a la propuesta constitucional. Aunque el escenario es dinámico, con fluctuaciones en las preferencias, la inclinación es de 39,6% hacia el rechazo. En este contexto, el país se encuentra frente a la posibilidad de mantener la Constitución actual, cuestionada por su origen pero que, de ser rechazada la nueva propuesta, seguirá rigiendo al país. En cambio, solo el 26,7% estaría votando a favor. 

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