El Presidente extendió el Estado de Emergencia Constitucional por dos semanas más.
Piñera extendió la militarización por la violencia en el sur
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes la extensión del Estado de Emergencia Constitucional durante 15 días en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío, que conforman la Macrozona Sur del país, debido al estallido de hechos violentos en la región.
La medida, que en un principio había sido decretada por el mandatario el pasado 13 de octubre, implica el despliegue del Ejército y distintos funcionarios de las ramas de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío y Arauco (Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía), escenarios de diversos ataques incendiarios a camiones y maquinaria forestal, así como el robo de madera.
Esa región sur, donde se concentra la mayor población mapuche, es escenario de una creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. En las últimas semanas, en protesta por los actos violentos registrados en la zona, agrupaciones de camioneros bloquearon diversas rutas en los sectores donde se aplicará el estado de emergencia.
Piñera extendió la emergencia por los conflictos.
Piñera explicó que el propósito de la medida "es poder contar con todos los medios y capacidades que la Constitución y las Leyes nos otorgan para poder enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia que desafían y producen daño a las familias".
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Aclaró que la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona no supone un reemplazo de funciones a los cuerpos policiales, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), sino que más bien corresponde a "apoyo logístico, tecnológico, de protección, de comunicaciones, de transporte, de vigilancia, de patrullaje" de manera conjunta.
La medida es por el estallido de hechos violentos en la región.
Según cifras aportadas por el propio primer mandatario, durante los últimos 14 días se desplegó a más de 2.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas con drones, vehículos blindados, vigilancia aérea, fiscalización marítima.
Los puntos de control y patrullajes habrían permitido "detener a cerca de 30 personas que estaban con orden de detención pendientes" en la región, consignó la agencia de noticias Télam.
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Asimismo, destacó que la medida "ha significado una reducción, prácticamente, a la tercera parte de los hechos de violencia", que incluye la baja a la mitad de los atentados incendiarios.
La medida prevalecerá hasta el 11 de noviembre, pero la Constitución establece que el jefe de Estado está facultado para decretarla, pero no puede extenderse a más de 30 días. Si el presidente deseara prorrogar la medida, debe someterla a aprobación del Congreso Nacional.
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