Luego de años de debate, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron que los países pueden negarse a acoger migrantes pero deben pagar 20 mil euros por cada rechazado.
La UE acordó una reforma del Pacto de Migración: o acogen o pagan
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo crucial sobre el Pacto de Migración y Asilo, rediseñando así la política común para ejercer un control más estricto en las fronteras exteriores del bloque.
El pacto, forjado este miércoles tras extensas deliberaciones, introduce una especie de "solidaridad a la carta", permitiendo a los gobiernos eludir parcialmente la acogida de migrantes reubicados. Esta medida contempla alternativas como compensaciones financieras por rechazar la traslocación de individuos.
"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos alcanzado un acuerdo", anunció entusiasta uno de los eurodiputados del equipo de negociación, Jeroen Lenaers, resaltando el hito tras una intensa sesión nocturna que abordó los nueve expedientes que componen este Pacto.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, proclamó en redes sociales que este 20 de diciembre de 2023 se convertirá en un día histórico debido al acuerdo logrado, considerándolo fundamental para la gestión migratoria y del asilo en la UE.
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Estas nuevas reglas, pendientes de aprobación por el pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser formalmente adoptadas, marcan el fin de arduas negociaciones entre los Estados miembros. El objetivo ha sido siempre encontrar un equilibrio entre la "solidaridad" con países en primera línea y la "responsabilidad" reclamada a otros socios temerosos de los movimientos secundarios.
La solución propuesta se presenta como un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los países a responder ante una situación desbordada por la llegada de migrantes, ya sea reubicándolos en su territorio o compensando económicamente su rechazo.
El objetivo establece el traslado de al menos 30.000 migrantes anualmente, pero los países tendrán la opción de rechazar parte de los acogidos a cambio de una compensación económica de 20.000 euros por cada traslado rechazado.
Entre los desafíos que demoraron el acuerdo se encontraban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, como menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera. También se debatió sobre el reglamento para el control previo de entrada, con el objetivo de identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección, evitando discriminaciones.
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