Dalmiro Garay al Post: "En 4 meses, la gente podrá usar la firma electrónica"

 Con las nuevas tecnologías y la transformación digital, muchos trámites que requieren la firma de los involucrados ya no se pueden firmar, obviamente, de puño y letra. Los nuevos soportes digitales demandan una firma acorde, a la que la mayoría de la ciudadanía no tiene acceso.

Sin embargo, este obstáculo está pronto a superarse este año. El presidente y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, confirmó que en 2024 cada mendocino podrá tener su firma electrónica para trámites o litigios en el Poder Judicial.

Pero no se queda ahí. Como el Poder Judicial de Mendoza es uno de los más avanzados en la instrumentación de la firma digital, el presidente de la Corte quiere que esta firma electrónica pueda ser utilizada para cualquier tipo de trámites con el Estado.

Por eso empezó a promover un trabajo conjunto con el resto de los poderes y organismos estatales para que entre todos unifiquen los sistemas y la herramienta con la meta de que la intermediación del Estado sea cien por ciento eficiente.

¿En la apertura del año judicial anunció que cada mendocino va a poder tener su firma digital ciudadana? ¿De qué se trata?

Desde hace tres años el Poder Judicial informatizó todos los sistemas y por lo tanto el ingreso, el proveído de cualquier escrito es digital. Conseguido este objetivo, hemos empezado a trabajar sobre los nuevos problemas que genera.

¿Cuáles?

El primer desafío ha sido la actualización tecnológica del Poder Judicial. Para esto hemos hecho mucha inversión en tecnología física de hardware y también en software, porque estamos más expuestos ante los posibles ataques de la red.

Hemos mejorado el modo en que trabajan los tribunales y también le hemos dado a los abogados la firma digital, porque necesitábamos que estén registrados al igual que los escribanos.

¿Qué es la firma digital?

La firma digital es una firma que tiene un soporte físico, que es un token, o un soporte en la nube, y lo que hace es una certificación que requiere un trámite. ¿Qué es lo que advertimos? Que, con los abogados de la matrícula, que son 8.000 matriculados, se podía hacer y lo hicimos, tanto con ellos como con 3.500 empleados del Poder Judicial.

O sea, la firma digital no es una firma escaneada, sino que es una firma establecida a partir de un proceso informático trazable que acredita que esa firma es la firma de la persona.

Exactamente, pero en determinadas situaciones aceptamos la firma escaneada porque sabemos que un ciudadano mendocino que va a litigar en la Justicia una o dos veces en su vida, no va a hacer un proceso de firma digital para poder firmar un escrito.

En estos casos, permitimos el escaneado, el abogado tiene la obligación de guardar la firma de su cliente y si la parte contraria o el propio tribunal descreen de la firma, entonces la obligación es traer presencialmente al dueño de esa firma.

¿Y esto va a cambiar ahora con el anuncio de la firma digital ciudadana?

Bueno, vimos que existía la necesidad de darle firma digital al ciudadano que litiga en los tribunales mendocinos porque la firma escaneada es un PDF, una imagen, un PDF que tiene peso y no es trazable.

Entonces, comenzamos a trabajar un desarrollo propio de firma digital nuestra y ahora estamos con la firma para el ciudadano, que técnicamente no es una firma digital sino una firma electrónica robusta, porque no tiene soporte en nube, ni soporte físico como la digital.

Lo que tiene esta firma electrónica robusta que estamos preparando para los ciudadanos es una validación de la persona ante el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) como cuando se valida para el Banco Nación o Mercado Libre, por ejemplo, y una vez que se ha validado puede firmar.

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¿La idea es que la gente pueda hacer cualquier trámite en el Estado con la firma electrónica?

Totalmente, que pueda presentar un escrito, lo firme digitalmente y sea válido, cualquier trámite, porque además un documento electrónico no se pierde ni se altera y tiene mucha seguridad.

Como le dije, ya hemos desarrollado nuestro propio sistema, con 3.500 empleados del Poder Judicial y cerca de 8.000 que tienen su firma digital interna y ahora estamos en la mitad del desarrollo de la firma ciudadana que esperamos ponerla en línea para todo el mundo en cuatro meses.

¿Este año?

Si porque es más sencillo porque el sistema trabaja a demanda. No es que el ciudadano tiene que loguearse para usar la firma alguna vez en su vida sino a la inversa, si quiere usar la firma, se loguea y la usa.

Pasaron 5 meses, quiere usar la firma de nuevo, se loguea otra vez, hace el mecanismo a prueba de vida del RENAPER, validación de identidad y usa nuevamente la firma.

No es que vamos a tener que ir a hacer fila a algún lugar para que nos den esta firma electrónica. No, al contrario, si tengo que firmar un documento digital, pido el documento, subo a la plataforma, hago la prueba de vida, firmo y a otra cosa.

Esto al comienzo va a funcionar en nuestra plataforma, donde el abogado tiene un escrito, el cual que se lo manda al correo electrónico de su cliente, y este, cuando lo abra para firmar, el archivo que está en el correo lo llevará a la plataforma del Poder Judicial, donde le hace la prueba de vida y valida la firma, que es solamente de esa persona.

De esta manera cada mendocino va a poder certificar su firma en el Poder Judicial y firmar todos los escritos que crea necesario y ahí es donde entramos en un tema central, que es empezar armar desde el Estado un ecosistema con los sectores públicos y privados.

¿Ahí es de donde parte la idea de que esta firma electrónica que se va a usar para trámites o litigios en el Poder Judicial se extienda a todo el Estado provincial?

Claro, y esto es fundamental como concepto: un Estado inteligente, que tiene escasos recursos y muchas necesidades pueda armar una estructura más global. Por eso este sistema que estamos armando nosotros lo puede usar el Gobierno también, lo puede usar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque ellos también tienen expedientes electrónicos y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, a partir de la aplicación de la tecnología.

A la vez, mientras a nosotros nos surgió en la Justicia que empezamos a legalizar la firma de los certificados de estudios y estamos trabajando en la plataforma para tener una herramienta de legalización digital, en la Dirección General de Escuelas ya decidieron que van a implementar la firma digital.

Entonces, todos estos desarrollos, si los encaramos como Estado y en conjunto con los privados, son muchos más baratos y nos permiten ponernos de acuerdo en los idiomas que se hablan en los sistemas.

Por eso, decidimos que vamos a convocar al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a los privados, al Polo TIC, para hacer un gran laboratorio de desarrollo para que todos, en conjunto, planteemos nuestras necesidades y empecemos a ver cómo lo arreglamos, y que la inversión se haga una sola vez.

Claro, para que sea homogéneo el sistema.

Exactamente. Nosotros en los juicios laborales, por ejemplo, hicimos un convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en donde la primer prueba de un juicio laboral por riesgo o enfermedad es el expediente de la Superintendencia, expediente al que podemos acceder digitalmente, porque entramos a la Superintendencia y lo sacamos directamente.

Eso, que antes era un oficio papel, que había que llevar a una mesa de entrada, donde había una persona que fotocopiaba el expediente, tenía que certificar la copia y lo devolvía, esto ahora solo demora lo que le demora hacer clic al operario del Poder Judicial.

Entonces, pensemos esto aplicado a las historias clínicas de los hospitales y a otras áreas del Estado, porque acá tenemos que llegar a un punto muy importante para eficientizar los procesos, que es que el Estado no le tiene que pedirle más al ciudadano lo que ya tiene.

Si yo voy a inscribir a mi hija, que no me pidan el documento porque el RENAPER ya lo tiene, no me pidan la partida de nacimiento, que no me pidan la historia clínica de mi hijo que la tiene el Hospital Notti, si la pueden descargar digitalmente.

Creo que todos nos fastidiamos porque nos piden la misma documentación una y otra vez para distintos trámites cuando sabemos que el Estado la tiene.

Bueno, pero para lograr esto entre los diferentes organismos del Estado, se necesita que sea un proceso muy inteligente y coordinado. De hecho, el Poder Ejecutivo ha avanzado, creando un fideicomiso para desarrollos propios. Porque además se enfrentan otros problemas de implementación.

¿Por ejemplo?

Una institución tiene necesidad de comprar sistemas y los desarrolladores cobran en dólares. Nosotros, en el Poder Judicial, compramos computadoras con Windows y le pagamos la licencia a quién nos vende el equipo.

Pero también se la podríamos comprar a Microsoft directamente, pero sucede que Microsoft no se presenta en licitaciones públicas y además tiene el mismo precio para toda Latinoamérica, con lo cual no va a bajar el precio porque sea el Poder Judicial.

Entonces, la pregunta que uno se hace es que deberíamos flexibilizar algunas prácticas, porque necesito Windows y quiero que me dejen comprarlo con una tarjeta de crédito en el marketplace de Windows, que sé que lo voy a pagar más barato y además me voy a ahorrar la comisión que cobra el proveedor local.

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Un problema ahí porque el Estado no permite comprar con tarjetas de crédito personales o algún tipo de tarjeta corporativa, al momento de abrir un expediente licitatorio.

Por eso digo que me parece que son problemas de desarrollo que entre todos tenemos que juntarnos y resolverlos. El tema de la firma ciudadana es un ejemplo, al Poder Judicial le costó una cantidad de dinero desarrollarla, pero una vez hecha, el código fuente de la firma es nuestro y se lo podemos dar a cualquiera, podemos subirlo a la plataforma, compartirlo y no pasa nada.

Entonces, si la Dirección General de Escuelas trabaja con el GEM, que la verdad es una gran herramienta, también veamos que el resto de los organismos puedan consumir el GEM.

Ahora estamos con un convenio con el Registro Civil para consumir datos directamente de ahí y avanzar en otras cuestiones. Ya avanzamos en el expediente electrónico, en todos los procesos y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos más eficiente.

¿Hay que ajustar más eficiencia con toda esta modernización?

La verdad es que un juicio civil dura hoy 1 año y 4 meses. Más rápido no se puede, antes demoraba 4 o 5 años, pero lo que vamos a hacer ahora es borrar de la administración pública una regla no escrita, que dice que tal o cual cosa se hace así porque siempre se hizo así.

Romper hábitos de años.

Si y muchas veces la respuesta es que se hace de esa manera porque el Código lo dice, pero ese código fue escrito hace 40 años, cuando tenía sentido esa forma de hacerlo y ahora ya no lo tiene.

En la Justicia nos pasa con los beneficios para litigar sin gastos en un juicio, con las sucesiones, con los divorcios que vienen sin complicaciones, y que terminan siendo cosas casi administrativas.

¿Pero qué sucede? Antes de comenzar un juicio, por ejemplo, hay que pagar la tasa de justicia, y para evitar el pago, hay que incidentar con un beneficio para litigar sin gastos, proceso en donde se corre vista a la parte contraria, se oficia (se piden informes) a ATM (Agencia Tributaria Mendoza), a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), a los registros, para acreditar si el que solicita el beneficio tiene ingresos, un sueldo, bienes. Si se comprueba que no tiene los fondos suficientes, el juez concede el beneficio de litigar sin gastos.

Esto y un clearing bancario es más o menos lo mismo, es una cuestión de chequeo de base datos y algoritmos. Entonces, la pregunta es: ¿No nos conviene hacer un sistema informático para que el beneficio se haga directamente por ahí y que no sea una labor jurisdiccional?

Claramente sí conviene.

Yo le pedí a la gente que tengo en la Justicia Civil que se fijara cuánto demoraba el trámite de un beneficio de litigar sin gastos, cuántos pases tenía, cuánto tiempo se demoraba en un pase y cuantas horas de trabajo insumía.

¿Y cómo resultó?

Resultó que involucraban el 39% de los incidentes civiles, eran más de 8.000 horas de trabajo y en costos, más de 68 millones de pesos; 8.000 mil horas de trabajo que las podríamos dedicar a las audiencias, a los sistemas de juicios más importantes.

¿Solamente para el trámite del beneficio de litigar sin gastos? ¡Muchísimo!

¡Claro!¡Muchísimo! Solamente para esto. Entonces acá las opciones son dos: o la parte que quiere el beneficio paga la tasa de Justicia al final del litigio y lo dejamos litigar, o hacemos una plataforma que chequea el CUIL, chequee dos o tres bases de datos, se le pone un algoritmo, y si la plataforma acredita que lo cumple, el beneficio es otorgado y a otra cosa.

Todo esto es desarrollo e innovación, pero innovación no implica solamente innovación tecnológica, sino que puede ser en procesos, en reformas de normas procesales y también en tecnología.

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Es que una cosa obliga a la otra, incluso la necesidad de reformar los Códigos que formalizan esos trámites.

Está bien, pero a lo que hay que animarse es a poner en crisis lo que dicen esos Códigos para poder avanzar. Doy otro ejemplo: las notificaciones electrónicas. Nosotros venimos de un proceso en donde todo lo que ocurría durante el litigio se notificaba en papel al estudio jurídico que intervenía.

Después, pasamos a la notificación electrónica que fue muy criticada, pero fue un gran avance del Poder Judicial, donde cada estudio o abogado tenía su casilla de correo electrónico y en esa casilla lo notificaban, pero el expediente aún seguía siendo papel, con lo cual, el abogado tenía que ir al tribunal a ver el expediente.

Hoy, se notifica electrónicamente a los abogados, pero además de la notificación tienen el expediente en soporte digital. Es decir, el profesional lo tiene a mano para abrirlo a las 2 de la mañana en su computadora si quiere.

¿A dónde quiero llegar con esto? Esta regla de que la mayoría de las cosas se notifican por cédula ya no tiene sentido porque implica que tengo que tener una persona que tiene que buscar el domicilio de quien va a ser notificado, cuando hoy el profesional puede entrar todos los días a su casilla de correo y comprobar que tiene la notificación en su computadora. ¿Por qué tengo que notificarlo con cédula al domicilio?

Otro ejemplo: el gran parte del atraso en la Justicia de Familia lo tenemos por las cédulas, porque todas las cédulas se hacen corriendo vista al asesor de Menores, al ministerio Fiscal, a la contraria, y tenemos receptores que están con 300 o 400 cédulas por día. Y eso es tiempo, es recurso, y es tiempo valioso del litigio para las partes.

Entonces, hay que animarse, porque cualquier efector público puede eficientizar el 100% su manera de actuar. Antes, para pagarle a los empleados del Poder Judicial la escolaridad había que ir a la escuela, pagar el certificado, pagar la cooperadora, y hoy lo sacamos todo a través del GEM directamente.

¿Están coordinando algo parecido con otros poderes judiciales?

Estamos junto a ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro hablando con algunos poderes judiciales del país hablando sobre esta idea, de compartir experiencias, compartir innovación, de hecho, se ha trabajado en la Junta Nacional de Cortes, lo ha trabajado Adaro por Mendoza y lo que hace es una plataforma de notificaciones interjurisdiccionales.

Lo que tratamos de hacer con eso es darle una solución a los llamados oficios ley, que es cuando se tiene que oficiar a un juzgado de otra provincia o a la Corte y esto ha avanzado a tal punto que también hemos invitado a los entes públicos para que se sumen a esa plataforma y así vamos a poder notificar también a la Anses o a la AFIP por ejemplo, y lo que vamos a lograr es que cuando se tenga que hacer alguna notificación en un juicio a la AFIP directamente se pone en la plataforma y la AFIP se da por notificada en esa plataforma.

Ahora estamos charlando con la Corte federal, ya varias provincias se han subido y estamos tratando de uniformar el lenguaje informático en el que se va a trabajar, y esta sería una gran plataforma de notificaciones de organismos públicos, y ahí sería nacional.

¿Pero hay que montar esa plataforma?

No, no, esa plataforma ya está, la tenemos lista, se está usando en Mendoza y ahora estamos en el proceso de ofrecerla para que usen otros poderes judiciales del país y los organismos públicos.

¿Cuánto de presencialidad al proceso judicial le redujo este sistema tecnológico? ¿Hay un porcentaje?

No, pero puedo decir que fuera de las audiencias judiciales, por el resto del proceso el abogado ya no va a tribunales. Antes un abogado tenía que recorrer a diario personalmente los juzgados para ver que había pasado en los expedientes en los que litigaba. Hoy se levanta a las 8 de la mañana, abre la computadora, tiene todo ahí, mira todos los escritos que tiene que presentar en toda la provincia y en una hora ha terminado el trabajo. Hoy la litigación mendocina es remota. Lo único que pasa es que en ciertas audiencias en la que los jueces necesitan, por la inmediatez, que estén los abogados y las partes, bueno esa se hace presenciales, y se graban y se suben al expediente, ahora está todo grabado ya no hay acta, el abogado gestiona todo eso desde la computadora y muchas veces las audiencias también las hace de manera remota.

Claro, durante la pandemia se hacían así las audiencias.

Bueno, la pandemia fue un anabólico tan importante que nos permitió avanzar en esto y lo que culturalmente hubiese sido más complejo hacerle entender al colega y a la ciudadanía, se pudo implementar sin tanto sobresaltos y hoy no es una locura que notifiquen que se ha fijado una audiencia virtual para tal día y hora, y que el abogado, no importa donde esté, se conecte y haga la audiencia.