La nueva normativa adapta las regulaciones a lo que ya se está realizando en otras latitudes.
Resolución histórica: el INV aprobó la producción de vino sin alcohol
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha anunciado importantes modificaciones en la regulación de la desalcoholización del vino y la definición de los productos resultantes de dicho proceso, a través de la Resolución 5/2024 publicada recientemente en el Boletín Oficial, lo que actualiza la normativa a lo que ya se utiliza en Europa y otras partes del mundo.
Esta actualización normativa responde a los cambios en las normativas internacionales relacionadas con esta práctica, en pos de generar cambios a nivel local para competir con los vinos del exterior. En este sentido, se aprueba la desalcoholización del vino como una práctica enológica lícita, estableciendo que solo se podrán realizar estos procesos, con previa autorización del INV.
Además, se permite la corrección del contenido de etanol del vino hasta un máximo del 20%, definiendo categorías específicas como el "Vino con Corrección de Alcohol", el "Vino Parcialmente Desalcoholizado", y el "Vino Desalcoholizado o Sin Alcohol".
La resolución también establece disposiciones concretas, como la necesidad de autorización para el uso de equipos de desalcoholización, la obligación de mantener separados los productos desalcoholizados en los establecimientos vitivinícolas y la destinación de la mezcla hidroalcohólica a destilerías o fábricas de vinagre.
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Por otro lado, bajo la Resolución 6/2024 del mismo organismo, se han modificado las definiciones de los Vinos Livianos o Vinos Cosecha Temprana. Estos cambios permiten ampliar el rango de alcohol permitido hasta un 11,5% v/v, así como la carbonatación de estos vinos hasta un máximo de 1 atmósfera. Además, se simplifican los requisitos administrativos eliminando ciertas obligaciones y se establecen sanciones en caso de incumplimiento de la normativa.
Ambas resoluciones entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, lo que implica un impacto significativo en la industria vitivinícola nacional, al proporcionar un marco normativo actualizado y más claro para la producción y comercialización de vinos en el país.
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