A través de la Secretaría de Comercio, el gobierno extendió la obligación que tienen las compañías para informar datos sobre costos y stock. El objetivo es lograr la estabilización de los precios internos de productos
Profundizan el control sobre las empresas alimenticias
El gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Comercio extendió hasta el 31 de diciembre próximo la exigencia a empresas comerciales e industriales para que informen datos de costos y stock, con el fin de profundizar el control de precios.
El objetivo es lograr la estabilización de los precios internos de productos "esenciales para la alimentación de los argentinos, así como a mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno", según el organismo.
En consecuencia, la secretaría a cargo de Tombolini estableció que todas las compañías de comercio e industria que durante 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno de acuerdo con un determinado monto "deberán informar mensualmente en el 'Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica' (SIPRE) los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedio, hasta el 31 de diciembre de 2023".
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De este modo, continuarán incluidas en el SIPRE empresas del sector comercio que hayan registrado ventas por más de $113 millones y empresas de la industria con facturación anual por encima de los $82 millones. Se trata del sistema fue lanzado en 2021 para exigir a las grandes empresas que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
La novedad es que la Secretaría de Comercio decidió extender la vigencia de ese Sistema, por medio de la Resolución 67/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, las empresas que se encuentren alcanzadas por el deber de información establecido por la medida, "deberán informar además los precios y las cantidades producidas y/o vendidas así como también el stock de todos sus productos durante enero de 2023, teniendo plazo hasta el 10 de marzo de 2023".
Justifica esta decisión al señalar que "se considera pertinente continuar con la implementación de políticas relacionadas con la recuperación económica, el fortalecimiento del mercado interno, el sostenimiento y creación de empleo, el incremento de las actividades productivas y comerciales, la defensa de los derechos de los consumidores y la ampliación de la oferta de bienes y servicios".
Además sostiene que resulta necesario "disponer de información estadística relativa a precios de bienes finales e insumos, así como de datos de producción, capacidad instalada utilizada y situaciones de desabastecimiento o escasez, que permita acceder a un conocimiento constante y actualizado de los mismos en sus distintas etapas de producción, distribución y comercialización".
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